Como sabemos, el próximo 17 de enero se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para el período 2010-2014. En ella se definirá quién de los candidatos en competencia -Sebastián Piñera o Eduardo Frei- será el próximo Presidente de Chile.
Mucho se ha dicho y escrito sobre lo que está en juego con la elección de uno u otro candidato. Los análisis en cuestión tratan, en general, sobre las ventajas que la elección de Piñera o Frei tendría para el desarrollo económico del país, para el bienestar material de las personas, para la seguridad ciudadana o para la estabilidad política del país. Ningún análisis, sin embargo, ha puesto su atención en una perspectiva desde los derechos humanos.
Valga precisar aquí que cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos no tan solo a aquellos derechos que fueron gravemente violados bajo la dictadura militar y que, sin duda, requieren de verdad, justicia y reparación, sino también a aquellos de carácter individual y colectivo que son consustanciales a una democracia moderna; como el derecho a la participación política, el derecho a la igualdad efectiva (jurídica y material) entre las personas, el derecho al medio ambiente, al acceso a la información, a la libertad de expresión y a la protesta social, y el derecho de los pueblos a su libre determinación.
No se trata de una reflexión irrelevante para el país. Tanto la sociedad civil como los movimientos de derechos humanos, y también diversas instancias y órganos de tratado de derechos humanos de los que Chile es parte -como el Consejo de Derechos Humanos, el Comité Contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y el Relator Especial de Derechos Indígenas, todos ellos de la ONU- han evidenciado los serios déficit que ostentamos en la materia. Ello, en ámbitos tan diversos como el derecho a la participación política, el derecho a la integridad física y síquica, vulnerado por la actuación abusiva de agentes policiales, y los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, aún no plenamente reconocidos y menos aún respetados. Las mismas instancias realizaron múltiples recomendaciones a Chile para abordar esta crítica realidad, recomendaciones sobre las cuales los candidatos hoy en competencia nada han señalado.
Hasta hace poco ninguno de los dos candidatos había tenido un abordaje profundo de los derechos humanos como parte de su propuesta electoral. En efecto, Sebastián Piñera no ha incorporado, más allá de la retórica, los derechos humanos como parte de su programa de gobierno. Las referencias a la necesidad de fortalecer y ampliar estos derechos, a la verdad, justicia y reconciliación respecto al pasado, y a erradicar las trabas que impiden a las personas el pleno disfrute de sus derechos, no solo dan cuenta de un énfasis en los derechos individuales por sobre los derechos colectivos, sino que además, no van acompañadas de propuestas concretas de cambios jurídicos, políticos y económicos más profundos, indispensables para una vigencia efectiva de los derechos humanos en el país.
Eduardo Frei, en tanto, luego de los magros resultados electorales que obtuvo en la primera vuelta en diciembre pasado, ha hecho una serie de planteamientos que directa o indirectamente asumen los derechos humanos con mayor centralidad que en su programa de gobierno original. Así, Frei sostuvo el 26 de diciembre pasado en sus “12 compromisos por la democratización y el avance social de Chile” que se hace necesario “evitar un grave retroceso conservador en la sociedad chilena”, llamando a los ciudadanos a avanzar hacia “…el establecimiento de una adecuada institucionalidad de los temas asociados al respeto de todos los derechos humanos”. También se comprometió a garantizar una educación pública de calidad para todos, a avanzar, entre otras materias, en el mejoramiento de la atención de la salud pública, la ampliación de los derechos de los trabajadores, la recuperación del carácter nacional del agua, la democratización de los medios de comunicación, el logro de mayor equidad y el término de la discriminación, y en el respeto a las mujeres.
Entre sus compromisos también asume un tema que ha ido cobrando fuerza en los últimos años entre los movimientos sociales, como consecuencia de las barreras puestas por la Constitución Política de 1980 para una democratización política, económica y social más profunda del país. Para ello, Frei ha propuesto la elaboración de “una nueva constitución para Chile”. Aunque elude pronunciarse sobre el mecanismo para lograrla –limitándose al respecto a constatar que algunos han planteado la convocatoria a una Asamblea Constituyente, sostiene que esta nueva Constitución debe garantizar, entre otras cuestiones sustantivas, un sistema electoral proporcional que ponga fin al sistema binominal hasta ahora vigente, el derecho a voto de los chilenos en el exterior, reformas al Tribunal Constitucional, límites al concepto de Estado subsidiario, y el reconocimiento del carácter plurinacional y multicultural del Estado.
Es indudable que a través de estos compromisos Frei se acerca más que su contrincante en la carrera presidencial a las preocupaciones manifestadas en la materia por los movimientos de derechos humanos y por las instancias de la ONU antes referidas. Ello, sin entrar a analizar aquí las motivaciones –electorales o de otra índole- con que los ha hecho.
Concordando con la relevancia de la propuesta de Frei en materia de transformación constitucional, el grave problema de ella es que deja sin resolver un tema que desde la perspectiva de derechos humanos es sustantivo, esto es, el del mecanismo para lograrla.
Justamente, uno de los problemas críticos de la institucionalidad vigente heredada de la dictadura militar ha sido la exclusión de vastos sectores de la población del derecho a participar -más allá del limitado sufragio- en la vida política del país, ya sea por su pensamiento político –como en el caso de los partidos de izquierda extra parlamentaria- o por su condición étnica o cultural, como en el caso de los pueblos indígenas. Por ello, resulta paradójico plantear la construcción de una nueva institucionalidad jurídico-política democrática, sin identificar y proponer mecanismos concretos a través de los cuales la ciudadanía en general, y los sectores excluidos en particular, puedan participar de esta importante transformación.
Esto resulta contradictorio además con la naturaleza misma de los compromisos anunciados por Frei luego de la primera vuelta, a través de los cuales llama a las fuerzas progresistas a “romper con la exclusión”.
La omisión de Frei en esta materia tan sustancial para los derechos humanos resulta electoralmente absurda, toda vez que para ser electo requiere de sufragio de al menos un 6% ( 430 mil electores) de quienes votaron por Arrate y del 20% (1.4 millones de electores) de quienes votaron por Marco Enríquez Ominami en primera vuelta. Candidatos que, con distintos énfasis, pusieron acento en la necesidad de terminar con las múltiples formas de exclusión –política, económica social y cultural- a las que ha dado origen la institucionalidad vigente, así como también, en muchas ocasiones, las políticas impulsadas por la Concertación en los últimos años. Lo anterior, sin hablar del más de un millón de chilenos y chilenas (1.172.756 mil) que manifestaron su repudio a los candidatos presidenciales a través de los votos nulos y blancos, o de los cerca de cuatro millones de electores que, cansados de un sistema jurídico, político y social que no los representa y que los margina, simplemente han decidido no inscribirse en los registros electorales para no legitimarlo. A ello se suma la situación de exclusión en que se encuentran los chilenos y chilenas en el exterior, cuyos derechos ciudadanos siguen siendo negados.
Lo que Frei no parece entender, a pesar de los resultados electorales de la primera vuelta, es que aquello a lo que un porcentaje significativo de ciudadanos aspiramos no es simplemente evitar el regreso de la derecha al poder –muchos nos preguntamos si alguna vez perdió el poder (económico, mediático, e incluso el poder político)-, sino que a la construcción de un nuevo pacto social que ponga fin a las graves exclusiones aún persistentes a veinte años del término del régimen militar. Dado que el sistema político vigente hoy no se sustenta en un pacto social, o si tal pacto existiera, está en una crisis de legitimidad terminal, como lo deja en evidencia el descrédito de la Concertación tras cuatro periodos a cargo del Ejecutivo, o el deterioro de la legitimidad de instituciones estatales tan relevantes como el Congreso o el Poder Judicial.
Consecuentemente con lo anterior, lejos de llamar a los ciudadanos a un pacto instrumental de los sectores progresistas para evitar el regreso de la derecha al poder, el desafío debería ser llamar a toda la ciudadanía, y en particular a los sectores hoy marginados del sistema político, y de los beneficios económicos y culturales del país, a participar de la construcción de un nuevo pacto social para el establecimiento de una democracia acorde con los estándares internacionales de derechos humanos hoy vigentes, tal como ha sido recomendado al Estado chileno por los órganos de Naciones Unidas a los que nos hemos referidos.
La convocatoria a ese pacto social, tal como se ha desarrollado exitosamente en otros contextos de América Latina en los últimos años, y tal como lo han señalado diversos movimientos sociales e instancias de derechos humanos en el país, debería materializarse en el compromiso de los candidatos –y en particular de Frei como representante de sectores que, tal como ha sido señalado precedentemente, han adscrito a ideas progresistas- de iniciar, inmediatamente luego de asumir su mandato, un proceso constituyente participativo que desemboque en una asamblea constituyente electa por la ciudadanía, a través de elecciones libres, mediante un sistema electoral plenamente representativo y que permita la expresión de la diversidad política, social y cultural de nuestro país. Tal asamblea debería estar dotada de plenos poderes para elaborar una propuesta de nueva constitución, siendo mandatada a escuchar y considerar los planteamientos que le hagan llegar los distintos sectores de la población, los distintos pueblos que forman parte de Chile. Las propuestas elaboradas por la misma asamblea, deberían ser refrendadas por sufragio popular a través de un referéndum.
Quien se comprometa con esta iniciativa, y opte por generar un nuevo pacto social que ponga término a las exclusiones que han caracterizado a Chile a través de la historia, podría proyectar al país, en el bicentenario de su fundación, como una República verdaderamente democrática, legitimada en el respeto de la autodeterminación de los pueblos, concretado en su participación soberana y en la plena garantía de derechos humanos.
Asamblea Observatorio Ciudadano
José Aylwin Oyarzún, Nancy Yánez Fuenzalida
Co-directores
Enero 2010http://www.mapuexpress.net/?
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