Ninoska Leiva
Por diez votos a favor y tres en contra se le dio el vamos a la iniciativa minera que pretende instalarse por treinta años en la cuenca de Copiapó, zona declarada en crisis hídrica. Este es el principal motivo de oposición de los habitantes del lugar, quienes se basan en el informe de Impacto Ambiental que señala explícitamente el riesgo para la salud que podría ocasionar el proyecto, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos que afectarían negativamente la calidad del agua.
Según indicó el Coordinador Nacional del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, diversos estudios han asegurado que si no se toman las precauciones necesarias el agua de la zona se terminará en cuatro años.
“Hay una sobrexplotación del recurso hídrico y al ritmo de explotación actual se acabaría el agua dentro de los próximos tres o cuatro años. O sea, hay 150 mil personas que viven en la provincia de Copiapó que dependen de este vital elemento para su vida normal, pero además para otra actividades productivas y, sin embargo, se está considerando aprobar nuevos proyectos mineros que requieren mucha agua para su funcionamiento”, señaló Cuenca.
Las localidades más cercanas al área del proyecto son Carrizalillo Grande a 18, 5 km. y Juntas del Potro a 21 kms., las que utilizan el agua del río para consumo humano.
Manuel Pizarro, ingeniero ambiental de la Coordinadora por la Defensa del Agua de Tierra Amarilla, manifestó que las condiciones del proyecto no toman en cuenta la realidad de la zona, pues no consideraron la escasez del agua.
“Es un retroceso, porque era la oportunidad en que la institucionalidad de Chile y, precisamente de Atacama, pudieran dar una señal fuerte a un sinfín de proyectos mineros que se van a instalar en el valle de Copiapó, de que hay una realidad que es innegable para todos ellos, que es la crisis hídrica que atraviesa el valle. Caserones nunca asumió la crisis hídrica de Copiapó como la condición base en que ellos van a instalar ese proyecto”, denunció Pizarro.
El ingeniero agregó que la institución ambiental actuó sin pensar en el bienestar del territorio a largo plazo, pues no son conscientes de las consecuencias que podría tener la iniciativa minera.
“Al final lo aprobaron todo, sólo hubo tres votos en contra, eso habla muy mal de las instituciones ambientales de Chile. La gente que está un poquito más informada está tremendamente decepcionada y reconoce que ahí es un juego de influencias que no tiene nada que ver con pensar un territorio, tomar la mejor decisión a largo plazo, sino que todo es una cosa inmediata que responde a influencias políticas, a dineros para allá, a dineros para acá, a los negociados particulares que hacen las empresas con los distintos actores claves de un territorio”, sostuvo Pizarro.
Un escenario complejo para una decisión que involucra mucho más que mil 900 millones de dólares, ya que es sabido que muchos otros proyectos esperaban en carpeta hasta saber la suerte de Caserones.
La propuesta informa que explotará al año 30 mil toneladas de cátodos de cobre, además de ciento 50 mil toneladas de concentrado de cobre y tres mil toneladas de concentrado de molibdeno, consumiendo en agua lo equivalente a una ciudad de veinte mil habitantes.
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