Una vez anunciada la puesta en marcha del proyecto Pascua Lama por parte del gobierno, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), recurrió a diversas reparticiones del Estado para solicitar información sobre una serie de asuntos pendientes y de situaciones poco claras que rodeaban al proyecto.
El proyecto Pascua Lama, se enmarca en el Tratado minero binacional, que permite la explotación en la frontera. Cuando se anunció el inicio de la construcción del emprendimiento extractivo, surgieron dudas relativas principalmente a la fiscalización y a la tributación de la minera Barrick Gold en este yacimiento, por lo que OLCA procedió a solicitar información a las reparticiones públicas correspondientes.
Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Minería, Ministerio de Hacienda, Servicio de Impuestos Internos y a la Secretaría de la Comisión Administradora del Tratado de Integración Minera fueron consultados sobre temas tributarios, aduaneros y cuestiones administrativas que aparecían muy confusas ante la comunidad del Valle del Huasco y las organizaciones que defienden la vida y el agua de este oasis de la región de Atacama.
Todas las cartas enviadas respondieron con artículos de leyes conocidas, algunos derivaron la competencia sobre lo requerido a otros servicios del Estado y no daban cuenta de los acuerdos recientes que habían resuelto en tiempo récord –según lo que declaraban en la prensa-, otros simplemente no contestaron y solo enviaron una misiva con 15 días de retraso y sin ningún tipo de información.
Esta solicitud ante el Consejo para la Transparencia se realiza sobre el caso de Verónica Baraona y Henry Saldívar ya que “son particularmente vergonzosos”, señala Lucio Cuenca.
A la subsecretaria de Minería se le pidió información relativa a la resolución del tema tributario en Pascua Lama, como jurisprudencia para todo lo que abarca el Tratado binacional Minero.
Para Lucio Cuenca, “la señora Baraona adjunta la respuesta dada por otro servicio del Estado, como si uno fuera un idiota que no sabe otorgarle pertinencia a las preguntas que hace, y omite de paso, entregar la información de asuntos que ella evidentemente conoce porque era quien estaba a cargo de las negociaciones”.
Pero sin duda, aún más impresentable es el caso del señor Henry Saldívar, Jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior, “con quien sostuve una conversación personalmente sobre temas fronterizos y, al corroborar la información con la otorgada por la Dirección de Fronteras y Límites, me di cuenta de la desfachatez con que contestó las dudas, por lo que le envíe una carta pidiendo aclaraciones a sus dichos, y luego de un mes de espera, me contesta que debía solicitar información via electrónica en la página del Ministerio del Interior”.
Cuenca reflexiona que “ahí es cuando uno se pregunta a quien sirven estos funcionarios, claramente pareciera que no a los ciudadanos”.
Las misivas piden acceder a la información que se busca, que se sancione a los funcionarios que esconden información pública, y que además se sancione la desidia y la mediocridad de quienes debieran ser garantes del bien público y de los valores democráticos.
* El texto de las cartas en www.olca.cl
Comunicaciones OLCA
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