Los gobernantes, legisladores y partitocraticos del sistema binominal chileno, continúan dando la espalda a la población, a los Pueblos que coexisten en Chile, a la ciudadanía, actuando y legislando a favor de los intereses de corporaciones económicas y acuerdos bilaterales comerciales para los intereses comerciales de Estados Unidos y transnacionales. UPOV es un claro ejemplo de ello, el sometimiento de un País por un Tratado de Libre Comercio y una abierta traición a la ciudadanía y sus derechos.
Cuando el actual Presidente de Chile, el empresario Sebastián Piñera realizaba su discurso apoyando al ex dictador Pinochet cuando estaba detenido en Londres por delitos de lesa humanidad y clamaba por su retorno, decía: “Chile ha sido y será siempre un País Libre y soberano” / http://www.youtube.com/ watch?v=VBGwQX34oeo
Sectores de la política conservadora chilena en sus discursos tienen impregnada las palabras “soberanía”, “libertad”, “independencia”, “unidad nacional”, casi calcado como la moneda de diez pesos chilenos en los tiempos del régimen militar donde aparecía una mujer liberándose de las cadenas con la palabra “LIBERTAD”.
Sin embargo al momento de saquear al País y traspasar bienes y servicios públicos para los intereses de grupos económicos hiper ideologizados o traspasar territorios y bienes naturales a transnacionales no son considerados que atentan a la soberanía e independencia del País. Un ejemplo es la entrega de soberanía a la contaminante transnacional minera Barrick Gold en plena zona fronteriza; o el 80 % de las aguas de Chile estén a nombre de una transnacional como Endesa o un empresario (Angelini) tenga más de 1.000.000 de hectáreas en el País las que en su gran mayoría están destinadas a la industria forestal de pino, eucaliptos y celulosa causando severes impactos territoriales.
UPOV 91, TLC CON ESTADOS UNIDOS Y MONSANTO
El senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, para justificar su voto a favor de UPOV 91 intervenía diciendo el 11 de mayo del 2011: “señor Presidente, quiero agregar que en realidad nosotros nos obligamos a suscribir el Convenio UPOV versión 91 cuando firmamos los tratados de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y con Japón, así como cuando suscribimos el Acuerdo de Asociación Económica entre Chile y la Unión Europea”…. Continúa: “Por lo tanto, señor Presidente, en mi votación influyó mucho la preocupación por que Chile no vaya a ser acusado de incumplir los acuerdos comerciales que hemos firmado”….
Por su parte, frente a las denuncias por el conflicto de intereses sindicado a la vocera del Gobierno de Piñera Von Baer por sus acciones en la empresa agro industrial de su familia y que seria beneficiada por UPOV 91, y en entrevista realizada por Julio César Rodríguez en el programa Podría Ser Peor, ante la pregunta si le incomodaba el tema, decía: “No, a mi no me incomoda, si quiere se lo explico. Ehhh…, mire, es un proyecto de ley que fue presentado durante el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, fue apoyado por 4 ministros de la ex Presidenta Bachelet, porque de hecho es un compromiso de gobierno…al haber firmado los tratados internacionales de libre comercio, así que es un proyecto que viene de proyectos anteriores y que además de eso está cumpliendo con tratados internacionales y que se refiere a el pago de patentes cuando uno tiene mejoramiento de semillas en este caso”.
UPOV, “Unión Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales”. Es una organización mundial, intergubernamental de los Obtentores (Mejorados) Vegetales, con reconocimiento de todos los países denominados desarrollados y algunos de los denominados en vías de desarrollo y que han incorporado mayoritariamente el neoliberalismo como modelo económico. Fundada en 1961, a la cual Chile está adherido como estado y hay dos sistemas de UPOV, el 78 y 91, este último que establece que quien “crea” un nuevo tipo de semilla será propietario intelectual del producto.
Es importante mencionar que así como diferentes convenios y asociaciones comerciales suscritos por Chile, detrás de estos acuerdos están los intereses de poderosos grupos económicos, no de los derechos de las poblaciones, pueblos y ciudadanía, y en el caso puntual uno de los principales favorecidos con este tipo de organización es la transnacional MONSANTO quien a nivel mundial ha usurpado diversas variedades de semillas y concentra su control fomentando transgénicos y expansión de agro químicos para su sostenibilidad.
Monsanto es un monstruo de la química transnacional que genera dependencia a la agricultura. Es conocida por producir el herbicida bajo la marca Roundup. También es productor de semillas genéticamente modificadas, causando graves alteraciones y trastornos a las culturas, a la agricultura y a la productividad orgánica en diversos lugares del planeta.
UPOV fomenta la usurpación sobre el conocimiento acerca de la semilla y monopoliza la propiedad privada, siendo una verdadera biopiratería, ya que quien ostenta su patentación cuyo requisito es la “mejora” lo hace sobre la base la apropiación de especies nativas y conocimientos ancestrales cuyo proceso de desarrollo evolutivo lleva miles de años de manera abierta, colectiva, libre lo que termina finalmente para explotarlos industrialmente.
Siglos de innovación colectiva de agricultores indígenas y campesinos para que sean robados conforme las compañías y empresas agro industriales que reclaman derechos de propiedad intelectual sobre semillas, plantas y especies, sin ningún respeto a las culturas, a las tradiciones, a las economías locales, a las formas y filosofías de vida y a los bienes y soberanías colectivas
Esta medida alcanza grandes dimensiones si se considera que en diversos países miles de agricultores no compra semilla; la guarda de su cosecha. Por lo que esta práctica común puede convertirse en un ilícito si esa semilla está patentada.
Sectores políticos y empresariales de CHILE se comprometieron en el TLC con EE.UU, con Canadá (1995 y 1996 ) y otros a respetar, adherir, incoporrar e implementar a la UPOV 91. De allí viene la frase de CHILE POTENCIA AGROALIMENTARIA.
En Chile junto con los intereses de Monsanto representada en sus intereses por ciertas empresas operativas, también están los intereses coludidos de sectores empresariales de la agroindustria de origen latifundistas colonialistas que concentran el uso y control de la semilla, como la familia de la Ministra Von Baer “Semillas BAER”, una de las empresas que más concentración ha venido haciendo de las semillas.
El estado chileno en enero 2009 debió haber ingresado y comprometido a adherir a la UPOV 91, por ello EN MARZO DEL 2009 el Ejecutivo de entonces envió al Parlamento el proyecto de ley para autorizar el ingreso de Chile a la UPOV. Eso fue lo que se aprobó en mayo 2011 en el Senado chileno. Los votos a favor correspondieron a los senadores Carlos Cantero (Antofagasta, Independiente); a los UDI Juan Antonio Coloma y Hernán Larraín (ambos de Maule), Pablo Longueira y Jovino Novoa (ambos de RM) y Jaime Orpis (Tarapacá); y a los RN Francisco Chahuán (Valparaíso), José García, Alberto Espina (ambos de Araucanía), Carlos Kuschel (Región de Los Lagos), Carlos Larraín (Valdivia), Baldo Prokurica (Atacama), más el PPD Eugenio Tuma (Araucanía, PPD). La cómoda abstención estuvo a cargo de los PS Camilo Escalona (R Lagos) y Juan Pablo Letelier (O’Higgins), junto a los DC Hossain Sabag (BioBio), Patricio Walker (Aysén) y Andrés Zaldívar (Maule) y Antonio Horvath (Aysén RN).
Esta imposición legislativa es la antesala, es el pie para dar luz verde a un paquete legislativo que tiene que ver con la Patentación de vegentales y el fomento de la industria de transgénicos, los que una vez liberados al medio ambiente los no se pueden controlar. La contaminación genética pone en peligro variedades y especies cultivadas tradicionalmente, y es irreversible e impredecible, no se puede volver a la situación de partida.
Las variedades transgénicas pueden contaminar genéticamente a otras variedades de la misma especie o a especies silvestres emparentadas. Por ejemplo, en México, el centro de diversidad y origen mundial del maíz, los maíces transgénicos importados de Estados Unidos están contaminando las variedades tradicionales.
El aumento del uso de productos químicos eliminan o afectan gravemente a la flora y a la fauna. Con las plantas tolerantes a herbicidas, el agricultor debe usar cada vez más cantidad de agrotóxicos para acabar con las llamadas "malas hierbas". Hoy por hoy existen datos que demuestran que, debido a esto, se están utilizando muchos más pesticidas en los cultivos transgénicos que en los convencionales. Con esto, la presencia de glifosato (el herbicida asociado a la soja transgénica RR de Monsanto) en el suelo, en las aguas y en los alimentos es cada vez mayor.
A su vez, fomenta los monocultivos para tipos de industrias que nada tienen que ver con la soberanía y seguridad alimentaria de la población, se imponen monocultivos, se destruyen tierras para la diversidad agrícola, destrucción de bosques nativos, el desalojo de indígenas, campesinos y trabajadores rurales, un aumento del uso de herbicidas y una grave sustitución de la producción de alimentos para consumo local.
Frente a la aprobación UPOV 91 organizaciones de Temuco señalaban: “El modelo que nos están imponiendo es depravado, depredador, para nada pensado en quienes realmente vivimos aquí, sino en el lucro insaciable y codicioso de unos cuantos y frente a esto, como ciudadanía conciente, no podemos permitirlo y reaccionamos y exigimos poner fin a este desquiciamiento, a este grave atentado y hacemos responsable directo de esto al gobierno chileno, al oficialismo y ha sectores políticos de la concertación”.
¿DÓNDE ESTÁ LA LIBREDETERMINACIÓN?
Partitocráticos legislando y gobernando a puertas cerradas, a espalda de la ciudadanía para los intereses comerciales de unos cuantos, considerados como verdaderos actos de traición y sometimiento, de pérdida absoluta de soberanía y de atentado a la libredeterminación.
El derecho a la libredeterminación es el derecho colectivo más importante y se vuelve impensable su no reconocimiento y valoración.Dentro de la esfera del derecho Internacional, vinculante al Estado y en teoría a todo su ordenamiento jurídico, político y administrativo, se consagra la libredeterminación.
En efecto, constitucionalmente, el artículo 5, inciso segundo de la CPE indica: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
En tal razón, pactos y tratados internacionales de Derechos Humanos son vinculantes, de rango constitucional como Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), o en el caso de los Pueblos indígenas el Convenio 169 de la OIT interpretado a la luz de la Declaración ONU sobre los Derechos d elos Pueblos indígenas.
Para estos pactos y tratados de Derechos Humanos “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.
¿Hay libredeterminación cuando bienes públicos, bienes naturales, servicios, son traspasados a los intereses de Corporaciónes económicas que solo buscan el lucro y con resultados que van en contra de la gran mayoría de la población? Definitivamente NO.
Por Alfredo Seguelhttp://www.mapuexpress.net/? act=news&id=7145
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