MASACRE DE RANQUIL (6 DE JULIO DE 1934) – LONQUIMAY LUCHA CAMPESINA Y PEHUENCHE CONTRA EL LATROCINIO DEL ESTADO Y POR LA RECUPERACION DE SUS TIERRAS.
Tres fueron las principales causas que llevaron a que se consumara esta tragedia: a) la política sostenida y masiva de despojo de tierras a las comunidades mapuche, iniciada por el Estado de Chile a fines del siglo XIX; b) el abuso y la arbitrariedad con que el gobierno de Alessandri trató el problema de la tenencia de la tierra de pequeños productores agrícolas, los que cumplían la función de colonos nacionales en las tierras confiscadas y c) la incapacidad del gobierno para enfrentar los problemas sociales derivados de la profunda crisis económica producidos por la Gran Depresión de los años 1928 - 1929.
Desde el gobierno de Domingo Santa María González hasta fines del gobierno de Ramón Barros Lucco (1881 a 1815) se venía impulsando por el Estado de Chile un plan masivo de instalación de 15.000 colonos extranjeros, principalmente alemanes, en el territorio correspondiente a la actual Región de la Araucanía y para lo cual se llevó a cabo una campaña sistemática de despojo y acorralamiento en reducciones en contra del pueblo mapuche, reduciéndole a la condición de pequeños y empobrecidos agricultores. Esto produjo una secuela de graves disputas entre comunidades mapuche y terratenientes a los que por sus vínculos con los gobiernos de turno les habían cedido sus antiguas propiedades.
Al respecto es altamente ilustrativo mencionar lo investigado por el historiador Eduardo Téllez Lúgaro, y que expone en detalle en su trabajo "Levantamiento del Alto Biobío y el Soviet y la República Araucana 1934", donde se muestra claramente cómo el Estado chileno, a través de gobiernos al servicio de la oligarquía, llevaron a cabo por la vía de "su" legalidad el latrocinio de tierras ancestrales del pueblo mapuche, las que en la mayoría de los casos terminaron siendo transferidas a funcionarios corruptos y a grandes terratenientes. Según su investigación, "el Ministerio de Tierras y Colonización del gobierno de Arturo Alessandri resolvió la derogación de 3 Decretos Supremos emitidos entre 1930 y 1931 por el derrocado gobierno populista del Cnel. Carlos Ibáñez del Campo, por los cuales se asignaban miles de hectáreas de tierra fértil para la reubicación de pequeños colonos campesinos nacionales que venían ocupándolas de hecho y por ya varios decenios.
Estos Decretos habían tenido como fin zanjar un prolongado litigio agrario entre colonos campesinos y latifundistas en el alto Bío-Bío por la posesión de miles de km2 de tierras de cultivo de "propiedad fiscal", que desde 1896 habían sido apropiadas por la Sucesión Puelma-Tupper en base a un Decreto del gobierno de Ibáñez, de Agosto de 1929, que erróneamente reconoció derechos legales a esa Sucesión por casi 139.400 hectáreas de propiedad fiscal. Otro Decreto, de Julio de 1930, en reparación del error cometido, anuló el anterior y ordenó la separación de 130.000 (Há) de las 139.400 reconocidas a la Sucesión, para radicar a los colonos y constituir una reserva fiscal. Un tercer Decreto, de Agosto de 1930, concedió reconocimiento de los títulos a la Sucesión Martín Bunster por 23.000 hectáreas, de las cuales se apartarían 4.000 para instalar a 64 familias de colonos parceleros, lo que fue rotundamente rechazado por su propietario.
Producida la caída del gobierno de Ibáñez por el alzamiento popular de Julio de 1931 y el ascenso a la Presidencia de su enemigo político Arturo Alessandri Palma, éste se abocó a eliminar todo vestigio de la administración ibañista.
Esa actitud y su identidad ultra conservadora (aunque de militancia liberal), hizo que frente a este conflicto tomara partido junto a los intereses de la burguesía terrateniente, pronunciándose en contra de la demanda de los campesinos (que se habían organizado en el Sindicato Agrícola de Lonquimay) y de los colonos de Ranquil, derogando los tres Decretos de Ibáñez y restableciendo mediante un nuevo decreto lo estipulado en aquel que contenía errores, con lo cual reconoció definitivamente a la Sucesión Puelma Tupper la posesión de la totalidad de las 139.400 hectáreas que ésta alegaba le habían sido reconocidas con anterioridad.
Por otra parte, las 64 familias beneficiarias de las 4.000 (Há) asignadas por el gobierno de Ibáñez en Agosto de 1930 y ya asentadas en Ranquil, entre los ríos Chiquivín por el norte, Llantén por el sur y Bío-Bío por el oeste, estaban a la espera de la demarcación oficial de los terrenos colonizados. Pero, en Noviembre de 1933, los peritos encargados de efectuarla realizaron la demarcación de las 4.000 hectáreas en un área diferente a la ocupada por los colonos y con sólo un tercio de la superficie cultivable. El gobierno, protegiendo los intereses del terrateniente Gonzalo Bunster, insistió en reubicarlos en las nuevas posiciones así deslindadas y dio orden a Carabineros de trasladar contingentes a la zona y proceder a desalojarlos".
Con ésta medida los colonos establecidos en Ranquil quedaron en condición de ocupantes ilegales en propiedad privada, perdiendo su condición de asentados en predios nacionales cedidos por el Fisco.
A lo anterior se sumó el malestar de los pehuenche de la reservación Maripé, dirigida por el lonko Ignacio Maripé, quien 15 años antes había perdido sus tierras en el fundo Ralko, los que se solidarizaron con el Sindicato Agrícola de Lonquimay (uno de los primeros y escasos sindicatos de trabajadores agrícolas existentes en el país a esa fecha), dirigido por Juan Segundo Leiva Tapia y que agrupaba a colonos pobres, a inquilinos y a pequeños propietarios de las localidades Nitrito, Lolco, Quilleime, Trubul y Ranquil. Al amparo del Sindicato y de la Federación Obrera de Chile (FOCH) se hizo un llamado a resistir los lanzamientos y el embargo de las tierras y animales, por cuanto los afectados estimaban de su legítimo derecho el defenderse.
La otra causal, fue producto de la gran crisis capitalista de los años 1928 y 1929 (la Gran Depresión) que en Chile golpeó con más fuerza que en otros países, produciendo la paralización de gran parte de la actividad económica, generando hambre y desplazamientos de trabajadores cesantes en busca de nuevas formas de subsistencia, lo que llevó a una cantidad de ellos a intentar lavar oro en los ríos cordilleranos. Estos, al igual que los trabajadores de las Oficinas salitreras del norte, sólo podían comprar en una pulpería y debían pagar altos y arbitrarios precios con el escaso metal que lograban reunir. Esta fuerza obrera también había sido coordinada por la FOCH y conectada con el Sindicato de Campesinos de Lonquimay.
Debido a las condiciones de semi-esclavitud a que estaban sometidos y a los tratos abusivos reiterados de que eran víctimas, se alzaron contra el patrón de la pulpería y, en represalia, la asaltaron y la quemaron. Ante esta situación el gobierno de Arturo Alessandri envió refuerzos de carabineros a la zona, que atacaron a los insurgentes, lo que en vez de disolver la revuelta produjo como reacción la unión de los obreros con los colonos campesinos y las comunidades mapuche.
En conocimiento de la orden de desalojo de los campesinos dada por el Presidente Alessandri, el Diputado del Partido Democrático Arturo Huenchullán notificó desde Lonquimay, vía telegrama, al Presidente que "es probable que ocurran muertes como en San Gregorio", recordándole la masacre de trabajadores salitreros cometida por el ejército el 3 y 4 de Febrero de 1921 en la Oficina salitrera San Gregorio, cantón de Aguas Blancas, en Antofagasta, durante su primera administración. No obstante, su Ministro del Interior, José Salas Romo, persistió en hacer efectivo el desalojo.
A fines de Junio de 1934 estalla la asonada rural, con campesinos, obreros y pehuenche precariamente armados, en un intento desesperado de autodefensa y de hacer valer sus derechos.
El Gobierno, temeroso de una explosión social que pudiera extenderse por todo el país, considerando los antecedentes de la República Socialista recién derribada, envió apresuradamente unnumeroso contingente de carabineros y tropas del ejército a la zona.
Acorralados y ya rendidos, muchos de ellos fueron hechos prisioneros y fusilados. Sus cuerpos acribillados fueron arrojados al Bío-Bío, transformado en una gran fosa común fluvial. Otras decenas de cadáveres fueron quedando bajo la nieve en los nevados cordilleranos.
El enfrentamiento principal se produjo cerca del fundo Ranquil, donde los campesinos fueron rodeados por Carabineros el 6 de Julio de 1934. Se estima que este alzamiento de autodefensa campesina costó la vida a más de 300 personas.
Un recurso interpuesto ante la Justicia Militar por el abogado Gerardo Ortúzar Riesco, comisionado por la Federación de Estudiantes de Chile, da cuenta de una serie de ejecuciones a mansalva cometidas por carabineros entre campesinos no-mapuche y se pide "que se indaguen los asesinatos en masa de los pehuenche de Ralco". El lonko Ignacio Maripé, según consigna un informe, "fue salvajemente torturado en vida, le arrancaron los ojos, le cortaron la lengua y las orejas, hasta dejarlo exánime".
El alzamiento campesino de Ranquil marcó un hito en la historia de las luchas por la defensa de la tierra contra la rapacidad de los grandes terratenientes al amparo de gobiernos serviles a las elites económicas y es uno de los puntos de partida de las luchas campesinas, que en décadas posteriores abrieron el camino al proceso de reforma agraria con sus dos contenidos fundamentales: la propiedad de la tierra y la sindicalización de los trabajadores del campo. Es también un eslabón más en las luchas del pueblo mapuche en defensa de sus territorios ancestrales, de los que fueron despojados por la fuerza por el Estado chileno y la burguesía terrateniente. Pero es también una más de las tantas masacres con que el Estado ha aplastado a sangre y fuego las luchas sociales reivindicativas de los explotados en nuestro país.
Sucesivas luchas por la defensa de sus reivindicaciones históricas, tanto culturales como territoriales, han protagonizado las comunidades mapuche desde esta masacre hasta nuestros días y otras tantas represiones han sido la respuesta de los distintos gobiernos. La última, ocurrida en la actual administración, fue la prolongada huelga de hambre que 23 comuneros mapuche llevaron a cabo durante 82 días (desde mediados de Julio a Octubre del 2010) en contra de la aplicación de la ley antiterrorista, promulgada por el gobierno terrorista de Estado de la dictadura militar para perseguir a sus opositores políticos, y que los gobiernos que le sucedieron hicieron extensiva en su afán de criminalizar la lucha de esas comunidades por sus reivindicaciones sociales.
Recientemente la Corte Suprema, cediendo a las presiones del gobierno empresarial, terminó avalando la aplicación de esa aberración jurídica y, haciendo uso solapado de ella, condenó a cuatro comuneros que se mantenían en huelga de hambre por otros casi 80 días en resistencia a la decisión del Estado de criminalizar sus luchas y neutralizar a sus dirigentes.
Es oportuno volver a recordar esta masacre y tener presente lo que llegó a generar la tozudez y la ceguera de un gobierno que en alianza con intereses económicos de terratenientes zonales y continuando con la ya más que centenaria política de despojo, generó un conflicto de proporciones, acabando con la vida de cientos de personas, en su mayoría humildes trabajadores del campo.
En relación con nuestros pueblos originarios y en particular con la nación mapuche, base y raíz fundacional de nuestra identidad, es de justicia enfrentar con sabiduría y en forma definitiva este problema de tan larga data, creado y fomentado artificialmente por la aristocracia pelucona y conservadora, y que pasa por el fin a su discriminación, por el reconocimiento de Chile como un Estado multinacional y multiétnico y por el pleno respeto a los derechos, la cultura y tradiciones de la hermana nación mapuche, valores y definiciones que deben ser reconocidos y garantizados en una nueva Constitución Política auténticamente democrática.
"Sólo conociendo nuestro pasado
podemos construir nuestro futuro"
Fuentes:
Levantamiento del Alto Biobío y el Soviet y la República Araucana 1934 – Eduardo Téllez Lúgaro (Doctor en Historia – U de Chile).
Camilo Muñoz
http://www.g80.cl/noticias/
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