Publicado el 21 de Septiembre de 2010
La discusión, para un país que depende tanto de ese tipo de explotación, no pasa tanto por el caso de los 33 trabajadores que están bajo tierra, sino por el modo en que se desarrollarán de ahora en más esos emprendimientos.
Después del derrumbe en la mina de San José, los principales organismos de control en Chile buscan medidas para evitar accidentes en el futuro, pero el panorama no es para nada alentador. La minería es una de las principales formas de vida, no importa mucho ni cómo, lo importante es rascar el cobre a la tierra. Pero las cosas en Chile andan difíciles. Aunque el presidente Sebastián Piñera recorra las cadenas nacionales anunciando la proeza de los 33 mineros sobrevivientes bajo la tierra y que los avances del rescate se celebren minuto a minuto.
Es que detrás del espectáculo, la minería en Chile vive su momento más crítico. Tras el accidente en Copiapó –que causó la liquidación de la empresa explotadora, dejando a muchos contratistas en el limbo– el Servicio Nacional de Geología y Minas, Sernageomin, cerró otras 18 minas en la zona, porque no cumplían con los requerimientos mínimos de seguridad.
Esto puso un tema en el debate: ¿cómo debe seguir adelante la minería para que sea rentable, pero sin descuidar regulaciones de seguridad y que no vuelva a ocurrir un hecho parecido?
La mina San José había sido cerrada por no cumplir con las medidas de seguridad, y fue reabierta en mayo de 2008 por Exequiel Yanes, entonces subdirector del Sernageomin, mientras su jefe estaba de licencia. El organismo confió en que se estaban ejecutando los proyectos prometidos, entre ellos, la habilitación de las chimeneas de ventilación y salida de emergencia. “No fue una mala decisión, independiente del caso de ahora”, afirmó Yanes en su defensa.
Según datos revelados por el diario El Mercurio, unos 277 yacimientos de pequeña minería en la región de Antofagasta, en el norte de Chile, operan sin cumplir con las condiciones de seguridad que exige el Ministerio de Minas. El problema es que de acuerdo con cifras de las Asociaciones de Mineros de la región, la inversión necesaria para ponerlas en regla puede llegar a los 40 mil dólares por mina. Por esa razón, la principal dificultad para mejorar los estándares y proteger la integridad de los mineros es la de los recursos.
El escenario se agrava con el cierre apresurado de faenas mineras tras el accidente de San José. A las primeras 18 que se cerraron, se podría sumar otro centenar y, según delegados mineros, hay comunas donde el 70% de los empleados del cobre recibieron notificaciones de cesantía. Las Asociaciones de Mineros del país, en especial de la región de Antofagasta, afirmaron que pedirán asistencia de la Empresa Nacional Minera, Enami, y a la Sociedad Nacional Minera, Sonami, para que los pequeños empresarios mineros regularicen su situación y puedan cumplir con los requisitos, para de esa forma evitar que 20 mil personas que dependen de esta actividad queden desempleados.
Pero no solamente los mineros son quienes deben reorganizarse. Por órdenes expresas del presidente Piñera, Sernageomin también debe realizar una profunda reingeniería para los retos que vienen en el futuro. Según anunció el titular de Minería, Laurence Golborne, además de crearse una Superintendencia de Minería, encargada de autorizar nuevos proyectos de explotación, se aumentarán los recursos para la fiscalización de la seguridad en las minas de Chile.
Además de la preocupación por los mineros, otros sectores enfrentan “efectos colaterales” y piden medidas que los protejan en el futuro. Uno de los mayores damnificados por el derrumbe en Copiapó es Rodrigo Montesinos. Él es el dueño de Armamit, principal contratista del yacimiento, y bajo tierra le quedaron, además de cinco operarios que dependen de él, dos perforadoras y una camioneta, la maquinaria que le permitía sobrevivir. “Hemos escuchado mucho alboroto alrededor de la seguridad en las minas, pero nadie se ha sentado a conversar sobre los contratistas como yo, que no tenemos quien nos responda por las máquinas, los pagos y el futuro, porque después de la liquidación de la mina, no sé quién me va a pagar lo que se ha generado hasta ahora”, afirmó a Tiempo Argentino.
Montesinos destaca su pesar por la situación de los mineros, pero también se pregunta cuándo van a sacar la maquinaria que quedó abajo. “Yo quiero que salgan pronto, porque son empleados míos y los conozco. Pero también, por ese lugar no van a poder sacar ni las perforadoras, ni la camioneta, a menos que sea por pedazos. En eso deberían pensar también cuando se sienten a tomar medidas para el futuro”, explicó.
Además, está la cuestión de los pagos adeudados. Días después del hecho, la minera San Esteban, propietaria del yacimiento San José, anunció que podría declararse en quiebra y sufrió un embargo judicial por 1,7 millones de dólares. Sólo se comprometieron a pagar los sueldos de agosto, mientras que los demás contratos aún no se sabe quién los pagará –entre ellos, el de Montesinos–. “Sólo pido que me ayuden, porque soy otro de los damnificados”, concluyó.
http://tiempo.elargentino.com/
Es que detrás del espectáculo, la minería en Chile vive su momento más crítico. Tras el accidente en Copiapó –que causó la liquidación de la empresa explotadora, dejando a muchos contratistas en el limbo– el Servicio Nacional de Geología y Minas, Sernageomin, cerró otras 18 minas en la zona, porque no cumplían con los requerimientos mínimos de seguridad.
Esto puso un tema en el debate: ¿cómo debe seguir adelante la minería para que sea rentable, pero sin descuidar regulaciones de seguridad y que no vuelva a ocurrir un hecho parecido?
La mina San José había sido cerrada por no cumplir con las medidas de seguridad, y fue reabierta en mayo de 2008 por Exequiel Yanes, entonces subdirector del Sernageomin, mientras su jefe estaba de licencia. El organismo confió en que se estaban ejecutando los proyectos prometidos, entre ellos, la habilitación de las chimeneas de ventilación y salida de emergencia. “No fue una mala decisión, independiente del caso de ahora”, afirmó Yanes en su defensa.
Según datos revelados por el diario El Mercurio, unos 277 yacimientos de pequeña minería en la región de Antofagasta, en el norte de Chile, operan sin cumplir con las condiciones de seguridad que exige el Ministerio de Minas. El problema es que de acuerdo con cifras de las Asociaciones de Mineros de la región, la inversión necesaria para ponerlas en regla puede llegar a los 40 mil dólares por mina. Por esa razón, la principal dificultad para mejorar los estándares y proteger la integridad de los mineros es la de los recursos.
El escenario se agrava con el cierre apresurado de faenas mineras tras el accidente de San José. A las primeras 18 que se cerraron, se podría sumar otro centenar y, según delegados mineros, hay comunas donde el 70% de los empleados del cobre recibieron notificaciones de cesantía. Las Asociaciones de Mineros del país, en especial de la región de Antofagasta, afirmaron que pedirán asistencia de la Empresa Nacional Minera, Enami, y a la Sociedad Nacional Minera, Sonami, para que los pequeños empresarios mineros regularicen su situación y puedan cumplir con los requisitos, para de esa forma evitar que 20 mil personas que dependen de esta actividad queden desempleados.
Pero no solamente los mineros son quienes deben reorganizarse. Por órdenes expresas del presidente Piñera, Sernageomin también debe realizar una profunda reingeniería para los retos que vienen en el futuro. Según anunció el titular de Minería, Laurence Golborne, además de crearse una Superintendencia de Minería, encargada de autorizar nuevos proyectos de explotación, se aumentarán los recursos para la fiscalización de la seguridad en las minas de Chile.
Además de la preocupación por los mineros, otros sectores enfrentan “efectos colaterales” y piden medidas que los protejan en el futuro. Uno de los mayores damnificados por el derrumbe en Copiapó es Rodrigo Montesinos. Él es el dueño de Armamit, principal contratista del yacimiento, y bajo tierra le quedaron, además de cinco operarios que dependen de él, dos perforadoras y una camioneta, la maquinaria que le permitía sobrevivir. “Hemos escuchado mucho alboroto alrededor de la seguridad en las minas, pero nadie se ha sentado a conversar sobre los contratistas como yo, que no tenemos quien nos responda por las máquinas, los pagos y el futuro, porque después de la liquidación de la mina, no sé quién me va a pagar lo que se ha generado hasta ahora”, afirmó a Tiempo Argentino.
Montesinos destaca su pesar por la situación de los mineros, pero también se pregunta cuándo van a sacar la maquinaria que quedó abajo. “Yo quiero que salgan pronto, porque son empleados míos y los conozco. Pero también, por ese lugar no van a poder sacar ni las perforadoras, ni la camioneta, a menos que sea por pedazos. En eso deberían pensar también cuando se sienten a tomar medidas para el futuro”, explicó.
Además, está la cuestión de los pagos adeudados. Días después del hecho, la minera San Esteban, propietaria del yacimiento San José, anunció que podría declararse en quiebra y sufrió un embargo judicial por 1,7 millones de dólares. Sólo se comprometieron a pagar los sueldos de agosto, mientras que los demás contratos aún no se sabe quién los pagará –entre ellos, el de Montesinos–. “Sólo pido que me ayuden, porque soy otro de los damnificados”, concluyó.
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