Piñera le encomendó a Laurence Golborne y Rodrigo Alvarez que iniciaran gestiones con la Casa Rosada para crear un marco regulatorio que facilite que la megacentral pase por la pampa argentina. La empresa rechaza la iniciativa, que surge en momentos en que La Moneda apuesta por atrasar el proyecto y no pagar el alto costo de impulsarlo en plena campaña municipal.
por Ivonne Toro
n el despacho del ministro de Planificación argentino Julio De Vido cuelga un gran mapa de Sudamérica y en el centro hay una mesa redonda de madera que apenas da espacio a un elegante mueble biffé. El 15 de agosto, el hombre fuerte del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández se sentó a un lado de los ministros del MOP, Laurence Golborne, y de Energía, Rodrigo Alvarez, para abordar los avances en infraestructura en 14 pasos fronterizos de ambos países y conversar un punto de la agenda que se manejaba bajo absoluta reserva en La Moneda: la posibilidad de forjar un acuerdo bilateral en torno al proyecto de HidroAysén.
Golborne era un viejo conocido para De Vido. Lo ve desde la época en que era gerente de Cencosud y viajaba permanentemente a Buenos Aires. En los meses en que estuvo al mando de la cartera de Energía, entre enero y julio de este año, estuvo en permanente contacto con él. Las conversaciones apuntaban a retomar las gestiones del ex ministro Ricardo Raineri, que pasaban por analizar la situación eléctrica bilateral, la interconexión entre ambos países y crear un marco regulatorio para la integración energética.
Las tratativas de Golborne con De Vido se enmarcaban en una reservada misión que le había encomendado el Presidente Sebastián Piñera: establecer las condiciones para facilitar que parte de la línea de transmisión de HidroAysén se construya por el sur de Argentina. El ministro argentino ha puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar un acuerdo energético, donde Argentina abastezca a Chile de gas a través de la central Salta -ubicada a la altura de Antofagasta- y Buenos Aires se beneficie de la energía de HidroAysén.
Se trata de un swap eléctrico entre ambos países, donde el tendido de transmisión de la megacentral cruce desde los ríos Baker y Pascua a la provincia transandina de Santa Cruz y recorra la pampa argentina hasta llegar al paso fronterizo Pino Hachado, en la IX Región. En ese punto se conectaría con una central que trasladaría la electricidad hacia Buenos Aires y el trazado regresaría a Chile, lo que permitiría que las torres de alta tensión no se instalen en lugares turísticos ni protegidos desde la Undécima Región hasta las proximidades de Temuco. "Es hidroelectricidad por gas", señalan en el gobierno.
La integración energética es una de las prioridades para De Vido, quien viajará a Chile tras las elecciones transandinas del 23 de octubre y sellará en Santiago una serie de acuerdos de interconexión vial con el embajador Adolfo Zaldívar, otro de sus viejos conocidos en Chile. La jefa de Estado contempla visitar La Moneda antes de diciembre.
Piñera ya tenía previsto abordar la situación de HidroAysén con Fernández cuando la mandataria contemplaba viajar a Santiago para Fiestas Patrias. La gobernante canceló esa vez su viaje, pero el Presidente no bajó su plan y le encomendó al sucesor de Golborne en Energía, Rodrigo Alvarez, continuar con las gestiones con Argentina
En los cálculos de Piñera existen varias razones para explorar esa alternativa. La empresa pretende presentar su propuesta al Sistema de Evaluación Ambiental en marzo de 2012. Se trata de una línea de 2.400 kilómetros que atraviesa 66 comunas en nueve regiones y que contempla seis mil torres de 60 a 70 metros de altura, que pasa por áreas protegidas privadas y del Estado.
Un tendido eléctrico de esa magnitud, señalan en el gobierno, puede generar un fuerte ruido político y ciudadano en la víspera de las elecciones municipales de octubre del próximo año. Ya en la víspera del 21 de mayo pasado, cuando el gobierno defendía con fuerza el proyecto y apelaba a la crisis de abastecimiento energético del país, un movimiento sin líderes visibles y al margen de la clase política se había tomado la agenda por asalto, lo que terminó en las primeras movilizaciones callejeras en contra del gobierno de Piñera y una caída en las encuestas. El 74% rechazaba HidroAysén y el fenómeno del malestar ciudadano, para muchos analistas, había explotado a raíz de un conflicto medioambiental.
De acuerdo con sus cercanos, el Presidente estima en líneas gruesas que mientras en Chile la línea transmisora atravesara territorio turístico y mapuche en Argentina podría instalarse a través de la pampa. No sólo eso. También estima que se puede lograr un acuerdo energético de beneficio mutuo y legalmente "blindado" con Argentina. Vale decir, que entregue beneficios e implique costos para ambos países en caso de incumplir los contratos y que cuente con restricciones claras, para así no repetir la amarga experiencia de Eduardo Frei: la transgresión a los acuerdos gasíferos que selló con Carlos Menem en los 90.
Más allá de las precauciones y reparos la única herramienta con que cuenta el gobierno, pasa por crear condiciones legales y diplomáticas que posibiliten que el tendido se realice a través de la pampa argentina u opere el swap. La decisión final está en manos de la empresa, que se opone tenazmente a la posibilidad. No sólo por un tema de costos. Entre los altos ejecutivos de HidroAysén existe la convicción de que el riesgo de invertir en Argentina es más alto, tanto desde el punto de vista político como estratégico.
De hecho, cuando Daniel Fernández asumió en abril del año pasado como vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, una de las primeras decisiones que adoptó fue pedir revisar los análisis hechos sobre Argentina y, tras estudiarlos, desechó esta opción. A fines de 2010 fue sondeado por el gobierno sobre esa alternativa, la que rechazó.
El ministro Golborne también tiene la impresión de que mirar hacia Argentina es inviable, lo que representó en su momento a Piñera tras sus conversaciones con De Vido. El actual titular de Energía tampoco es partidario de esta alternativa, pese a que el trazado por la pampa es técnicamente viable.
El 20 de junio pasado, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt paralizó el proyecto de HidroAysén, al declarar admisibles recursos de protección presentados por los senadores Antonio Horvath, Guido Girardi y los diputados Patricio Vallespín y Enrique Accorsi, junto a organizaciones medioambientales. El jueves, sin embargo, el mismo tribunal falló en contra del fondo de los siete libelos y dejó el caso en manos de la Corte Suprema
En La Moneda estiman que el plazo de resolución del máximo tribunal será marzo de 2012. Y que tras el dictamen se convocaría el Comité de Ministros -compuesto por Medio Ambiente, Salud, Agricultura, Economía y Energía y Minería- que deberá tomar la decisión final respecto a aprobación o rechazo de HidroAysén, que sólo por parte de sus retractores tiene más de mil observaciones.
En el gobierno ya se aprontan a enfrentar ese escenario. Una de las posibilidades apunta a elevar los estándar que ofrece HidroAysén y exigir que la transmisión no afecte lugares turísticos. Para ese efecto deberían aumentar la línea submarina -hoy están proyectados 160 kilómetros entre Chaitén y Puerto Montt- y apuntalar la transmisión subterránea. Una solicitud de esa naturaleza, de acuerdo con los cálculos de la empresa, podría hasta cuadruplicar los costos del proyecto y sólo generaría mayor impacto en las zonas intervenidas.
La decisión es compleja. La central implica una inversión de US$ 4 mil millones y un soporte energético del país a partir de su entrada en vigencia, contemplada para 2020. Chile necesita duplicar su producción energética en los próximos 10 años y, por este motivo, el gobierno puso todas sus fichas en el proyecto todo el primer semestre, al punto de que la oposición acusó presiones para que la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de la Undécima Región lo aprobara.
Ahora, cuando el gobierno comienza a detener la sangría en las encuestas y se enfrenta a una agenda difícil, marcada por el conflicto estudiantil, una alta fuente de gobierno resume el diagnóstico político de la administración piñerista frente al proyecto. "Lo ideal es que se atrase y todas las decisiones sobre HidroAysén sean tomadas por el próximo gobierno, porque de otro modo el tema estará abierto en medio de las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales".
En La Moneda afirman que la decisión es esperar con calma los procesos judiciales y no apretar el acelerador para dar vía rápida al proyecto, pues el Ejecutivo no está en condiciones de abrir más flancos.
A los obstáculos que advierten en La Moneda se suman los de Patagonia Sin Represas, que que independiente del próximo fallo de la Corte Suprema ya preparan su propia ofensiva legal. La batalla del grupo estará enfocada en la línea de transmisión de la megacentral, pues, a su juicio, es ahí donde HidroAysén tiene su punto más débil.
De no tener éxito por la vía judicial, los opositores al proyecto recurrirán la Corte Interamericana de DDHH. Están conscientes de que esa jugada no tiene efectos en las obras de HidroAysén, pero su objetivo es remecer por todas las vías el escenario político.
Altas fuentes de La Moneda afirman que la única forma de evitar la judicialización del proyecto de HidroAysén es lograr un acuerdo político con la Concertación, que permita una ley sobre carretera eléctrica, donde las expropiaciones y permisos de servidumbre sean tramitados por el Estado.
En el propio gobierno, sin embargo, están conscientes de que la posibilidad de que la Concertación acepte pagar el costo político de respaldar la carretera eléctrica es baja. Y que el proyecto tiene una difícil viabilidad.
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