Desde aguas abajo:
Las principales causas del problema: desproporcionada entrega de derechos de agua a privados por parte del Estado y la constitución de derechos sin incorporar desde el inicio el llamado Factor de Uso en las resoluciones. Todo esto adornado por legalidades e ilegalidades que en algunos casos rayan con lo fantástico.
En Chile los derechos de explotación de aguas subterráneas se entregan en consideración a la recarga anual del acuífero en cuestión. Entonces, cómo se llega, como es el caso de Copiapó, a un desbalance hídrico tal en que la recarga media del acuífero se estima en entre 4.000 y 4.400 l/s y los derechos otorgados se calculan en entre 21.000 y 25.000 l/s (serían 20.000 de agua subterránea y 5.000 de agua superficial). Datos ‘no duros’ porque dependen del modelo hidrogeológico que se utilice para calcular la recarga (hay varios) y de la cantidad de derechos constituidos, sobre lo que no hay claridad.
“Lo que ocurrió en Copiapó fue una tremenda inflación. Es decir, se emitió dinero sin fondo. Es exactamente igual. Por esto -en teoría- cada acción de agua corresponde a un 20% de lo que representaba al comienzo. A medida que entró más y más gente se emitió más dinero sin fondo”, explica el consultor Axel Dourojeanni. ¿Se viene un ‘corralito’? “No un corralito, más bien una devaluación brutal porque tu acción en realidad vale un quinto de lo que valía. Ahora está por verse quién asume el costo de la devaluación. Hace un tiempo escuché un estimado de que serían necesarios US$300 millones de dólares para recomprar derechos de agua de modo de devolver el balance al acuífero de Copiapó”, señala el experto en gestión del agua, hoy consultor senior de Fundación Chile.
Entrevistamos a representantes de los usuarios de la parte baja del valle, organizados en la Comunidad de Aguas Subterráneas (CASUB), organización única en Chile, principalmente integrada por agricultores pero que también incorpora otros rubros (minería, agua potable, servicios). Conversamos con don Nildo Pedemonte, quien desde 1947 mantuvo responsabilidades –desde la gestión estatal- en la administración del agua de Copiapó, un verdadero apasionado por el valle y sus recursos hídricos, quien explica cómo se perdió la sustentabilidad hídrica de la cuenca en el largo plazo. También a Axel Dourojeanni, experto en agua que ha asesorado a diferentes instancias -públicas y privadas- que buscan mitigar la crítica situación hidrológica de la cuenca, especialista que además de indicar lo que a su juicio han sido los principales errores, aporta algunas medidas factibles de ser aplicadas sin necesidad de modificar el actual Código de Aguas. Lo que para él sería una medida extrema.
En resumen, entrega de derechos a destajo –sin conocimiento cabal de las capacidades del acuífero-, leyes, decretos, resoluciones (etc.) sin soporte hidráulico o que buscaban tapar errores sin solucionarlos, la existencia de múltiples modelos hidrogeológicos –ninguno plenamente aceptado por todos los actores-; el dramático incremento de la eficiencia de riego intrapredial –acercando la evapotranspiración al 100% (riego por goteo) y disminuyendo en la misma proporción el porcentaje de agua que retorna a recargar el acuífero de la cuenca-; la no incorporación del llamado Factor de Uso en la constitución de los derechos de explotación –que en su momento se entregaron a agricultores que bombeaban 8 horas al día, 4 meses al año (un uso consuntivo cercano al 20%), siendo que hoy día muchos de esos derechos pasaron a la gran minería, la que bombea 24 horas al día, 365 días al año (uso consuntivo del 100%).
“Una de nuestras principales inquietudes es lo referente al poder económico de las mineras”. Afirma el olivicultor Rodrigo Moreno Prohens, presidente de la CASUB. “En el Sector IV del acuífero (Tierra Amarilla) un poco más del 80% de los derechos son de mineros. Ese sector siempre tuvo agua hasta que comenzaron las grandes explotaciones mineras. Hoy ese sector se está quedando seco y eso es muy peligroso porque allí se extrae la mayor parte del agua potable de la ciudad. Pero además al Sector IV lo han secado de forma bastante tonta porque parte del agua se usa para transportar el mineral por un acueducto hasta el mar. En vez de camiones prefirieron usar un recurso escaso como es el agua”, puntualiza el agricultor.
“La realidad del Copiapó sobrepasa a cualquier experto jurídico en agua. Aquí llegan abogados que están aprendiendo y abogados de larga trayectoria, pero si no se está en el valle, es tal el enredo producto del sobreotorgamiento…, ya que se supone que no hay sobre explotación porque la DGA hizo un balance de cuenca cuando entregó los derechos y si ellos sobre otorgaron, algo que recién están reconociendo, cómo va a haber sobre explotación”, señala Carlos Araya, administrador de la Comunidad. Sin embargo, lo claro es que el acuífero se está agotando por lo que obviamente además está siendo físicamente sobre explotado.
La Comunidad de Aguas Subterráneas (CASUB)
La cuenca de Copiapó ha sido dividida en seis sectores hidrogeológicos dentro de los que la CASUB representa a los sectores V y VI. Así su zona de influencia corresponde al ‘Área de Restricción Copiapó – Piedra Colgada/Piedra Colgada – Desembocadura’. Son los sectores bajos del valle que comienzan en la ciudad de Copiapó y acaban en la desembocadura del río Copiapó (ver recuadro). Inmediatamente aguas arriba de ellos está el Sector IV, Tierra Amarilla, una de las zonas más críticas del acuífero.
“El primer gran problema fue que partimos con un registro de comuneros y de pozos obsoleto. Era lo que había. Cuando íbamos a ver un pozo ya había sido vendido y transferido un par de veces. En algunos casos quien aparecía como tenedor de los derechos estaba muerto. Encontramos todo tipo de situaciones. A la fecha no tenemos un registro de comuneros actualizado y es un instrumento fundamental en esta etapa. Cuando tengamos un registro exhaustivo y actualizado vamos a poder decir que quien no aparece en ese registro o se normaliza o queda fuera”, sentencia Moreno Prohens.
Hoy tienen a una persona trabajando a tiempo completo en el Conservador de Bienes Raíces (CBR) para que revise, desde los años 60’ en adelante, todas las transacciones de agua de Copiapó. Además se publicó un inserto en el diario regional indicando que todos los comuneros tienen un mes para llevar su certificado de dominio vigente. “En el futuro sólo los que estén inscritos en el rol de la CASUB, independiente de que estén en el CBR, van a poder extraer agua de un pozo”, explica Carlos Araya.
Señor Rodrigo Moreno Prohens:
– ¿Cuáles son las principales acciones que ha realizado su Comunidad?
– Estamos regularizando el rol de usuarios y además hemos mantenido una férrea oposición a la agresión de las mineras que pretenden extraer agua de nuestro sector. Es un desgaste tremendo presentar oposición tras oposición. Nuestra principal oposición no apunta a que los mineros no entren si no a que entren en base a los cálculos con que se entregó el derecho de explotación al agricultor, porque cuando ese derecho pasa a la minería se pierde el balance. Que compren derechos, pero no deben extraer más del 20%: 8 horas por 4 meses al año. Tal como fue concebido el derecho en el balance del acuífero.
– ¿Por qué sienten que la minería es una amenaza?
– Ellos están tratando de convencer a todo el mundo y a las autoridades de que aquí (Sector V) es donde hay mayor cantidad de agua subterránea. En tanto compran derechos para explotar pozos acá, ya que legalmente no pueden trasladar los derechos a Tierra Amarilla, y se van a llevar el agua por un tubo. Eso no se debe permitir porque van a causar un gran perjuicio en este sector en que ya no hay recarga del río y tampoco hay recarga por las napas porque los sectores (cada uno un embalse subterráneo) hoy están aislados. Van a venir a chuparnos lo que está acumulado en el fondo y sin recarga esto va a durar sólo 5 o 10 años. No tenemos claro cuántos litros por segundo han comprado en esta zona, creemos que cerca de 600, pero ese caudal lo van a bombear hacia arriba por un entubamiento de 500 l/s, junto al agua servida-tratada de la ciudad, y sin ni siquiera hacer un estudio de impacto ambiental.
– ¿Cuáles son a su juicio los principales elementos que han afectado el balance hídrico de la cuenca?
– El principal problema es el sobre otorgamiento de derechos por parte del Estado (la DGA). Otro es que se ha modificado completamente el régimen de explotación del agua subterránea al no incorporar el ‘factor de uso previsible’ en las resoluciones. Después situaciones como la Ley del Mono o la constitución de derechos provisionales, en circunstancias que los derechos ya estaban gravemente sobre otorgados.
Factor de uso previsible
Un aspecto que los entrevistados señalan como importante es que primero se otorgaron los derechos a la agricultura y luego las empresas mineras compraron gran cantidad de derechos de agua para realizar sus faenas, modificando completamente su régimen de explotación, ya que los agricultores extraen agua sólo 8 horas al día y 4 meses al año. Lo que le da posibilidad al acuífero de recuperarse. En tanto que la explotación minera es permanente y continua.
“El sector de Tierra Amarilla (sector IV) es el único que tiene un balance distinto. En todas partes somos 80% agricultores y 20% mineros pero Tierra Amarilla es 80% minería y 20% agricultura. Mientras en Tierra Amarilla hubo sólo agricultores el sistema funcionó pero luego los derechos pasaron a la minería. Por eso fue el primer sector que colapsó. Por el cambio de uso. De las 8 horas que el agricultor bombeaba, con poca plata para pagar el costo energético, la empresa minera apretó el botón y no paró nunca más”, dice el presidente de la CASUB.
¿El ‘agua del minero’?
Las empresas mineras, por la práctica que se conoce como ‘agua del minero’, pueden utilizar el agua que encuentren en sus explotaciones sin restricciones y sin dar cuenta a nadie. “Por ejemplo, la mina La Candelaria está ubicada en el plano de Tierra Amarilla y su excavación es muy profunda. Es un rajo abierto y bombean agua desde allí. Esa agua es la misma de la napa pero no la declaran ni se les obliga a inscribirla”, explica Moreno Prohens.
El Código de Minería en su Artículo 110 dice: “El titular de concesión minera tiene, por el solo ministerio de la ley, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, de explotación y de beneficio que pueda realizar, según la especie de concesión de que se trate. Estos derechos son inseparables de la concesión minera y se extinguirán con ésta”.
“Nosotros, a través de la mesa del agua, solicitamos conocer las extracciones que se hacen por medio del mecanismo de las aguas del minero y nos contestaron que no están obligados a informar. En esas condiciones es imposible hacer el balance de un acuífero”, declara Carlos Araya. “En Tierra Amarilla un argumento es que los mineros tienen pocos derechos de extracción pero nadie contabiliza esa agua, dice Moreno Prohens, y son muchas bombas las que extraen agua desde el fondo. Si el minero quiere puede hacer un pique sólo por agua. Los ’gringos’ en sus reuniones de directorio en EEUU deben juntarse a puro reírse de nosotros”.
Derechos provisionales a pequeños agricultores de INDAP
En el año 2001, se sustituye la Zona de Prohibición, que afecta a la cuenca, por una Zona de Restricción aguas abajo de la ciudad de Copiapó. Aplicando esta disposición se constituyeron derechos provisorios durante los años 2002, 2003 y 2004 por un total de 1.400 l/s (hoy serían cerca de 400 l/s). “El INDAP transfirió fondos a agricultores que tenían tierra pero no tenían derechos de agua. Algunos habían vendido sus derechos de agua por lo que el campo no valía nada. Cuando se dieron cuenta trataron de solucionar ese problema.
“Estamos trabajando con INDAP, que debe enviarnos una lista de los beneficiados para que sólo se otorguen los derechos estrictamente necesarios. Por ejemplo había casos de regantes con dos hectáreas de tierra que habían pedido 50 l/s y que después los han vendido a empresas mineras. Incluso gente que tres años atrás tenía derechos definitivos y que los había vendido. Hay casos de gente que vendió los derechos sobre un pozo de 120 l/s y que luego acudió a solicitar derechos sobre ese mismo pozo”, describe Moreno Prohens.
Según Sergio Rubilar Lufi, director de la CASUB que representa a los pequeños agricultores, él fue uno de los principales impulsores de la entrega de derechos provisorios a los campesinos, realizando gestiones en la Intendencia y en la DGA. “Al final logramos los derechos de agua provisorios pero con tal mala suerte que se hizo muy mal uso de esos derechos. Fue escandaloso. Un agricultor tenía cerca de 140 l/s de derechos permanentes en dos pozos sin coordenadas, pero los había vendido. Sin embargo le otorgaron 127 l/s, en los mismos pozos con las coordenadas correspondientes. A una señora, que tenía una noria seca y media hectárea, le otorgaron 20 l/s. A otro señor, que tenía 1,5 ha, le otorgaron 4 l/s cuando con 1 l/s le bastaba. Entonces fui al director regional de la DGA para reclamar y envié cartas en las que manifestaba que esto era un arbitrariedad”. Rubilar tiene derechos de agua por 3 l/s.
Derechos de agua pero ‘precarios’
Germán Palavicino Porcile, director mediano, cultiva 3 ha de olivos y 7 ha de uva pisquera Pedro Jiménez y proyecta plantar 16 ha más de ambos cultivos pero regados por goteo. “Mi pozo tiene 45 m de profundidad y está en el límite. Tuve que poner una válvula en el caudalímetro para estrangular la bomba ya que debiera extraer 80 l/s y sólo bombeo 21 l/s. Para extraer el agua a que tengo derecho tendría que profundizar el pozo y ya estoy en el límite de la rentabilidad”, explica. Según el agricultor el año 69’ el nivel estático del agua estaba en cerca de 4 m y el dinámico entre los 19 y 20 m. Hoy día el estático está en los 26 m y el dinámico a casi 41 m.
El predio de Palavicino se ubica en Chamonate (Sector V) y él también es presidente de la Comunidad de Aguas del canal Chamonate. “De la cordillera hasta Copiapó siempre ha habido una junta de vigilancia del río pero de Copiapó a la desembocadura no hay nada porque nosotros nos abastecíamos de una serie de vertientes (las de El Pretil, de La Chimba, de Bodega, etc.) que continuaban el río y recargaban las napas subterráneas. Hoy no corre agua salvo la que sale de la planta de tratamiento de aguas servidas (de Aguas Chañar) que llega hasta Toledo y Chamonate. Pero hoy Aguas Chañar tiene un acuerdo con la minera La Candelaria por el que el agua va a ser bombeada hasta las faenas de la minera en Tierra Amarilla (Sector IV). Sólo van a dejar 85 l/s para repartir 42,5 l/s a cada comunidad de regantes”, explica Palavicino, quien afirma que originalmente se repartían cerca de 1.600 l/s entre las comunidades de regantes de Toledo y Chamonate.
El agua servida-tratada será bombeada aguas arriba junto al agua extraída de pozos profundos, también ubicados en el Sector V, que son propiedad de la minera. Según Moreno-Prohens “las aguas servidas –hoy tratadas- siempre se consideraron como del sector Toledo-Chamonate, están inscritas y fueron parte de un convenio. Cuando la empresa sanitaria (en ese tiempo todavía no era Aguas Chañar) quiso explotar pozos profundos en el sector de Placilla Sierra Alta, afectando vertientes que aportaban agua hacia abajo, se comprometieron a entregar el agua servida. Ese acuerdo funcionó por cerca de 30 años. Hay algunos papeles e inscripciones, pero ahora resulta que las inscripciones no son perfectas… Esa era la única agua superficial que corría de Copiapó hacia abajo y ya no va a correr o va a disminuir en un 80%”.
Palavicino manifiesta que en la DGA se les señaló que los derechos que tienen inscritos en el Conservador de Bienes Raíces son ‘precarios’ porque habrían sido constituidos sobre derrames.
Entrevista al experto en agua, Axel Dourojeanni
– ¿Cómo se explica la situación que se vive hoy en Copiapó?
– Hay dos cosas. La primera es que se han entregado más derechos que agua disponible en el acuífero. La otra es que aunque se hubiera entregado lo normal en una situación en que se trata de mantener el equilibrio entre la recarga y la extracción, lo usual es que se entregue hasta un 20% más de derechos de agua sobre el agua que ingresa. Entonces si en Copiapó entran 4.000 l/s se podría perfectamente entregar 4.800 l/s. Pero no 21.000, ni 25.000.
El Estado de Chile no tiene un balance hídrico definido de los acuíferos puesto que simplemente no destina los recursos necesarios. En el caso de Copiapó los pozos que tenía la DGA para observar el balance acuífero están en su mayoría secos. Además se debe contar un modelo hidrogeológico, hoy día hay unos muy buenos, que permita observar cómo sube y baja la napa y dónde se producen las recargas. Pero se debe hacer de forma continua, no de manera discontinua como ocurre en Chile. En las cuencas simplemente no hay equipos capaces de mantener operando un modelo hidrogeológico.
– ¿El Estado descuidó sus obligaciones con respecto al agua?
– Lo mismo que ha sucedido en otras partes con regimenes legales totalmente diferentes (ej. España, México, etc.). El Estado se ha reducido en su capacidad operativa y los estudios de balances hidrogeológicos se contratan a empresas privadas. Evidentemente hoy hay empresas privadas que tienen un conocimiento mucho más acabado de lo que está pasando en los valles que el propio Estado. Pero incluso si el Estado tuviera el conocimiento de los balances hídricos la pregunta sería: ¿Podría aplicarlos? Si por ejemplo vas a las oficinas de la DGA en regiones verás que se apilan los estudios de impacto ambiental u otros, de los diferentes proyectos, y simplemente no tienen los profesionales capaces de interpretarlos.
Entonces son varias situaciones paralelas. Primero una carencia de información con credibilidad. Porque los estudios son contratados por privados y como la información es generada por empresas consultoras, nadie más puede certificar si están bien o mal. Un problema de Copiapó es que hay 4 ó 5 balances hídricos que combinan lo subterráneo con lo superficial y nadie cree en ninguno en particular. No siquiera se tiene claro si se han entregado 21.000 l/s o 25.000 l/s. Todos los estudios entregan balances diferentes.
– ¿Qué se debe hacer para superar o mitigar los problemas de Copiapó?
– Dentro de los trabajos que hicimos como Fundación Chile para la DGA propusimos algunas ideas para las que no se requiere modificar el Código de Agua vigente. Puesto que esa sería una medida extrema.
Por ejemplo: Debemos hacer lo que se hace en EEUU donde se prohíbe la compra y venta de derechos de papel. Es decir no se puede comprar y vender un derecho no utilizado anteriormente. Punto. Si alguien adquirió un derecho de papel y nunca lo utilizó no puede venderlo. Esto es importante porque indica que ese derecho de agua fue solicitado básicamente para especulación y no para su uso. Se puede definir que es un derecho de papel cuando no se haya usado en, por ejemplo, 5 años.
Además se debe obligar a explotar el agua según un factor de uso definido, con lo que se crea el derecho de ‘uso semiconsuntivo’. Esto se aplica en EEUU y significa que si se otorga un derecho con un factor de uso del 20% (como en riego agrícola) se obliga a consumir sólo el 20%. Puede pasar el 100% por tu predio pero sólo puedes consumir el 20%. Consumir el agua significa evapotranspirarla o contaminarla a tal punto que nadie más la pueda usar (no es un derecho de contaminación). En la práctica si se vende un derecho de agua con un factor de uso del 20% a alguien que potencialmente lo puede usar en un 100%, este último sólo lo puede utilizar el 20%. Eso es algo elemental.
Uno de los grandes problemas es que cuando se constituyeron los derechos no se registraron con factor de uso. El factor de uso fue un ajuste posterior porque se dieron cuenta de que había mucha agua subterránea que no se usaba y de hecho mucha gente que tenía derechos de explotación de agua subterránea nunca los usó. Entonces cuando se quiso fomentar la inversión externa se crearon más derechos para evitar que compren los derechos ya entregados. Porque si no para qué crear más derechos si había derechos constituidos y no utilizados.
Además Dourojeanni insiste en que se requiere de un modelo hidrogeológico transparente que sea aceptado por todos los actores. “Ese modelo debe estar localmente disponible y con técnicos que verifiquen la profundidad de los pozos, la recarga, etc. Es por eso que el experto también aconseja que se fortalezcan las capacidades profesionales de cada cuenca para tender a una gestión local adecuada del agua, lo que en muchos países se financia con el aporte de los propios usuarios en la forma de gastos comunes para la gestión del agua.
Se dice en el valle de Copiapó que ‘los mineros’ están comprando hasta tres veces más derechos de agua, por sobre el caudal que realmente necesitan, preparándose para una posible prorrata de los mismos (ver recuadro sobre Código de Aguas). Para muchos ese sería el fin de la agricultura de la parte baja del valle, “En la actividad agrícola, dice Moreno-Prohens, de los campos que conozco, los regantes tienen y utilizan sólo los derechos que requieren. Si un agricultor cultiva (por ejemplo) 100 ha de olivos y le recortan los derechos a un tercio, sólo va a poder cultivar 30 ha y así mismo con las hortalizas. Lo que provocaría un problema social tremendo.”
El déficit o diferencia entre recarga y extracción de agua subterránea desde el acuífero hasta ahora ha sido absorbido por las reservas de agua subterránea de los embalses subterráneos. Pero el acuífero ya se está agotando completamente en algunas secciones, como es el caso de la IV (Tierra Amarilla), desde donde se extrae la mayor parte del agua potable de la ciudad de Copiapó.
“En la cuenca de Copiapó la situación hoy es de ‘crisis de rentabilidad’ porque los intereses comerciales (la demanda) sobrepasan por mucho la disponibilidad de agua (la oferta). La verdadera ‘crisis hídrica’ se va a declarar cuando la ciudad de Copiapó se quede sin agua potable”, sentencia Dourojeanni.
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