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Pablo Jofré Leal *
Adital -
Para WallPuwen (Partido del Wallmapu) las acciones de represión llevadas a cabo contra comunidades mapuches consideradas "rebeldes", y que se consideran agrupadas en la denominada Coordinadora Arauco-Malleco "son parte de una estrategia de intimidación, de paralizar a los mapuches mediante el terror y el miedo, frente a las movilizaciones por la recuperación de tierras. En los últimos cuatro años se han realizado cientos de allanamientos y algunas comunidades, como Temukuykuy, han sido víctimas de un estado de sitio permanente. El método es el ataque con tropas de choque, que equipadas con armas de guerra irrumpen brutalmente y en medio de insultos racistas golpean a las personas y destruyen sus casas. Se trata de operaciones punitivas colectivas, que se inscriben en una estrategia de intimidación dirigida contra todo el pueblo mapuche"
Para la oposición, las medidas represivas del gobierno, son aún insuficientes, pues según la derecha se mantiene el constante atropello al derecho privado de agricultores y camioneros, que han sufrido asaltos y quema de tierras y vehículos, bajo el argumento mapuche de la recuperación de tierras. El senador RN, Alberto Espina asignó plena responsabilidad al gobierno en lo que sucede en wallmapu "las comunidades mapuches son gente honesta, honrada, de esfuerzo que reivindica sus derechos y repudia la violencia. Al mismo tiempo el 56% de ellas viven en la extrema pobreza por el fracaso de las políticas públicas". Para el Senador UDI, Hernán Larraín "los conflictos de orden público en una parte de la Araucanía, promovidos por grupos minoritarios, son reales y se han venido incrementado en el tiempo, así como la participación de extranjeros y con la escasa solución por parte de la Concertación"En el oficialismo también existe una visión crítica sobre lo que sucede en la zona. El Senador Roberto Muñoz Barra señaló que "sostener que no rige el Estado de Derecho crea una situación compleja que perjudica a la Región porque nadie va a atreverse a hacer algún tipo de inversión". Recordó que en la zona existen más de 1800 comunidades y las que generan conflictos no superan las 30, entre la VIII y IX Regiones. Por ello, propuso perfeccionar las políticas de entrega de tierras. En tanto, el Senador Carlos Ominami aseveró que "existen diagnósticos diferentes sobre la situación que se vive en La Araucanía", pero el problema de fondo tiene que ver "con demandas ancestrales que no han sido resueltas y una condición de pobreza", por lo tanto, pidió no centrar su atención en algunos incidentes y en la represión.
La atención sobre el tema de la violencia volvió al centro noticioso, tras la acusación del Subsecretario de Interior Patricio Rosende y Carabineros respecto a que comuneros mapuches estarían utilizando a niños como escudos Humanos. Esta afirmación atizó los fuegos y tuvo la inmediata respuesta de agrupaciones defensoras de derechos Humanos, quienes calificaron dicha acusación como "demencial". Para Alvaro Ramis, Presidente de la Asociación Chilena de ONGs Acción "El proceso que se está viviendo es el de palestinización de la araucania. El subsecretario Rosende ha tratado de exculparse de las denuncias de abuso policial contra niños y mujeres mapuche usando el mismo argumento que ha esgrimido el ejercito israelí para justificar sus ataques a la población civil palestina en Gaza".
Las denuncias de violencia policial contra niños mapuches llevaron al representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Chile, Gary Stahl, a reunirse con ministros del gobierno, para manifestarles la grave preocupación de esta institución. "Hacemos un llamado a parar la violencia que involucra a los niños, de cualquier lado que venga", declaró Stahl. La acción UNICEF se originó tras la visita de una delegación de mapuches a la sede de esta organización en Santiago, para denunciar los atropellos que aseguran son cometidos por la policía chilena contra niños, niñas y adolescentes en los allanamientos a comunidades sospechosas de haber participado en delitos investigados por la justicia. Para el abogado José Alwyn Codirector del Observatorio Ciudadano lo que hay detrás de las denuncias del Rosende y de Carabineros "es una estrategia de esconder la responsabilidad de los agentes policiales del Estado en la violación de Derechos Humanos, en niños y niñas mapuche. Lo que se pretende escudar con ellas es la impunidad administrativa en que el alto mando de Carabineros, así como las autoridades gubernamentales, han dejado los delitos cometidos por los funcionarios policiales en estos casos".
El gobierno, en una estrategia de abrirse al diálogo con grupos mapuches considerados menos radicales, recibió en La Moneda a comuneros mapuches quienes entregaron a la Mandataria un informe denominado "Plan Araucanía". El objetivo de esta propuesta, es dar una solución al conflicto por la demanda de tierras a través de la concreción de 6 ejes considerados relevantes para la zona, entre ellos la educación multicultural y la creación de una agencia de desarrollo con identidad, integrada por representantes de todos los sectores sociales de la región. El ministro secretario general de la Presidencia y coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera-Gallo, sostuvo que la propuesta entregada a Bachelet está "en plena sintonía con el documento Re-conocer", que contiene la política indígena del actual Gobierno.
Sin negar las complejidades que el conflicto en la Araucanía tiene para el conjunto de la sociedad y los intereses políticos y económicos que la circundan, se han dado una serie de situaciones de violencia imputables a uno y otro bando - con la clara convicción de las diferencias abismales entre una represión ejercida por los órganos del estado y grupos de comuneros más radicales pero de los cuales no podríamos sostener que signifiquen un peligro armado para el Estado chileno. Con todo, afirman juristas y defensores de los derechos humanos, este Estado no puede excusar su rol de garante del bien común y de los derechos de las personas y ese es el gran desafío en la Araucanía o en el Wallmapu, según sea la referencia étnica con que se opine; más allá sin son 30, 40 o cien las comunidades indígenas que se oponen a la política de tierras y la presencia del Estado chileno con sus fuerzas legales y policiales.
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