En Conferencia de Prensa, el Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA- Lucio Cuenca, acompañado de la Hermana Cristina Hoar del Departamento de Justicia y Paz de la Integridad de la Creación de CONFERRE, aludieron que, por años las comunidades del Valle del Huasco han denunciado ocultamiento y manipulación de la información, por parte del Gobierno y de la empresa Barrick Gold en el conflicto Pascua Lama.
Recientemente, el Consejo para la Transparencia falló en dos ocasiones a favor de OLCA, reconociendo que los Ministerios del Interior y de Minería retienen información pública ante requerimientos comunitarios.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), recurrió al Consejo para la Transparencia luego de que dos reparticiones públicas se negaran a entregar información relevante sobre el proyecto Pascua Lama. La primera es la Unidad de Pasos Fronterizos, dependiente del Subsecretario del Interior Patricio Rosende, consultada acerca de la creación y funcionamiento del Paso Fronterizo Pascua Lama -requisito básico para la puesta en marcha del primer proyecto binacional del mundo-, y fundamentalmente sobre quién lo financia. La otra cartera consultada fue la Subsecretaría de Minería donde su titular, Verónica Baraona, eludió referirse a la tributación del emprendimiento minero binacional, enmarcado en el Tratado de Integración y Cooperación Minera entre Chile y Argentina.
Los funcionarios públicos a los que se remitieron las consultas fueron requeridos por ser competentes en las materias. En el caso de la subsecretaria de Minería, Verónica Baraona se le consultó en su calidad de Secretaria Ejecutiva de la Comisión Administradora del Tratado sobre Integración y Complementación Minera, que en esa calidad ha asistido a diversas reuniones con sus pares argentinos para tratar este y otros temas, por lo que está en conocimiento de la información. Sin embargo, eludió responder argumentando que lo que se le consultaba escapaba a las facultades de su ministerio. Ante esto el Consejo para la Transparencia resolvió, luego de casi seis meses de investigación, que la Subsecretaría de Minería debió y debería entregar la información solicitada, porque esta información “puede servir de instrumento para el ejercicio de otros derechos, en este caso, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, derecho que puede ejercerse en la medida que las personas tengan acceso a la información, suficiente y oportuna, relacionada con proyectos que afectan el medioambiente”.
El otro funcionario cuestionado es Henry Saldívar, Jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior, quien se negó a explicar sobre el procedimiento habitual para crear y financiar un Paso Fronterizo, en particular sobre el Paso Fronterizo Pascua Lama. En este caso, el Consejo para la Transparencia, determinó que se oficiaría al Subsecretario del Interior para que entregue la información.
Para Lucio Cuenca, director del OLCA, “…es significativo que entre las estrategias que los funcionarios han usado para eludir la entrega de información, recurran a cuestiones como que la solicitud estaba mal hecha, que a tal o cual oficina no le correspondía someterse a la ley, o que no tenían los datos requeridos, con la evidente intención de confundir la demanda ciudadana y enredarla en la burocracia estatal”. Mencionó que el fallo del Consejo es “especialmente relevante” por dos motivos. Primero, “desautoriza la desidia casi crónica de los servicios del Estado ante los requerimientos sobre el proyecto Pascua Lama y reposiciona la legitimidad del derecho de los ciudadanos a la información pública". En segundo lugar, “es importante que esto ocurra en momentos en que la empresa y las autoridades han dado el vamos al proyecto minero frente a la comunidad que continúa oponiéndose y denunciando que en el proceso hay importantes irregularidades. Con estos dictámenes se respalda la voz comunitaria desde un organismo del Estado que está para velar por el acceso a la información y a la transparencia”, concluye.
La Hermana Cristina Höar, expresó que “es bueno que esta ley de Transparencia se aplique porque la ciudadanía tiene derecho a saber”, y agregó que “la ciudadanía tiene derecho a saber lo que está pasando en el país y que lo involucra, porque puede dañar o puede alegrar y ahora es el Consejo para la Transparencia el que tiene que cumplir”.
Todos los plazos para que los respectivos Ministerios entregaran la información, ya están vencidos, incluidos los cinco días para presentar un Recurso de Reposición contra el dictamen del Consejo. OLCA ha informado del incumplimiento de ambas reparticiones públicas y espera que el Consejo para la Transparencia proceda, los funcionarios reciban las sanciones que correspondan y la comunidad pueda acceder por fin a la información solicitada.
Subsecretaría del Interior, Jefe de la División de Pasos Fronterizos
Subsecretaria de Minería, Verónica Baraona
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