Lucio Cuenca B.*
La disputa por la construcción o no de Termoeléctrica Castilla ingresará estos días a una nueva fase, la Corte de Apelaciones de Antofagasta deberá pronunciarse sobre los recursos de protección interpuestos por la comunidad de Totoral hace ya casi dos meses.
¿Por qué si los recursos fueron presentados en Atacama y afectan directamente a habitantes de una localidad de la provincia de Copiapó, se revisarán en Antofagasta? Fue lo mismo que se preguntaron los vecinos de Totoral antes de que les informaran que los ministros de la Corte de Copiapó se habían declarado implicados, y es que efectivamente hace un año se habían pronunciado sobre Termoeléctrica Castilla y atendiendo a los antecedentes habían fallado a favor de los intereses comunitarios. Todo hacía pensar, entonces, que nuevamente se pronunciarían contra la instalación de la empresa del multimillonario brasileño Eike Batista… pero eso pareciera ser que no es el objetivo de los poderes nacionales.
El pronunciamiento de la Corte de Atacama, ratificado por la Corte Suprema, fue burlado por el Seremi de Salud recién asumido, con nula experiencia en materias ambientales y sin considerar los informes del servicio especializado en el tema; pero además, la empresa recurrió a mecanismos agotados, que subvierten el espíritu de la ley, para lograr una nueva calificación sanitaria favorable a su industria.
El nuevo escenario es complejo para la comunidad, es sabido que Antofagasta es provincia que vive de la minería, a diferencia de Atacama que aún tiene a la agricultura como su principal actividad económica; no hay ni una oficina de abogados ambientalistas, los pasajes a la segunda región son onerosos y entre los vecinos no hay plata para cancelarlos; y en fin, es extraño que la comunidad que va a ser directamente afectada por lo que determinen los jueces esté a 635 kilómetros de distancia… marca una tendencia de cómo se toman las decisiones en Chile.
Los recursos comunitarios se sostienen en que no se puede recalificar un proyecto de la envergadura de Castilla de “industria contaminante” a “industria molesta”, en conocimiento de la estela de devastación que las termoeléctricas vienen dejando en Chile, estela tan evidente que motivó que Sebastián Piñera pidiera la relocalización de Barrancones, proyecto que generaría 540 MW, una ganga al lado de Castilla que proyecta 2254 MW. Además, el proyecto fue sometido a una evaluación incompleta, pues no incluyó el puerto de descarga del carbón indispensable para el funcionamiento de la Central, es decir el mismo argumento que personeros nada de ambientalistas como el ex Presidente Ricardo Lagos han esgrimido para considerar a HidroAysén como mal evaluado.
En Totoral, no pierden la esperanza de que los ministros recién asignados se atengan a las argumentaciones jurídicas que fundamentan los recursos de protección presentados, los acojan y declaren la ilegalidad y arbitrariedad del Seremi, anulando consecuencialmente la Resolución de Calificación Ambiental favorable al proyecto.
*Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
El pronunciamiento de la Corte de Atacama, ratificado por la Corte Suprema, fue burlado por el Seremi de Salud recién asumido, con nula experiencia en materias ambientales y sin considerar los informes del servicio especializado en el tema; pero además, la empresa recurrió a mecanismos agotados, que subvierten el espíritu de la ley, para lograr una nueva calificación sanitaria favorable a su industria.
El nuevo escenario es complejo para la comunidad, es sabido que Antofagasta es provincia que vive de la minería, a diferencia de Atacama que aún tiene a la agricultura como su principal actividad económica; no hay ni una oficina de abogados ambientalistas, los pasajes a la segunda región son onerosos y entre los vecinos no hay plata para cancelarlos; y en fin, es extraño que la comunidad que va a ser directamente afectada por lo que determinen los jueces esté a 635 kilómetros de distancia… marca una tendencia de cómo se toman las decisiones en Chile.
Los recursos comunitarios se sostienen en que no se puede recalificar un proyecto de la envergadura de Castilla de “industria contaminante” a “industria molesta”, en conocimiento de la estela de devastación que las termoeléctricas vienen dejando en Chile, estela tan evidente que motivó que Sebastián Piñera pidiera la relocalización de Barrancones, proyecto que generaría 540 MW, una ganga al lado de Castilla que proyecta 2254 MW. Además, el proyecto fue sometido a una evaluación incompleta, pues no incluyó el puerto de descarga del carbón indispensable para el funcionamiento de la Central, es decir el mismo argumento que personeros nada de ambientalistas como el ex Presidente Ricardo Lagos han esgrimido para considerar a HidroAysén como mal evaluado.
En Totoral, no pierden la esperanza de que los ministros recién asignados se atengan a las argumentaciones jurídicas que fundamentan los recursos de protección presentados, los acojan y declaren la ilegalidad y arbitrariedad del Seremi, anulando consecuencialmente la Resolución de Calificación Ambiental favorable al proyecto.
*Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
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