Aplicar la ley antiterrorista en el conflicto mapuche es ilegítimo

según un experto

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Santiago de Chile, 21 oct (EFE).- El abogado chileno y experto en derechos humanos Roberto Garretón manifestó hoy que la aplicación de la ley antiterrorista en actos violentos vinculados al llamado conflicto mapuche es "ilegítima".
"El terrorismo es una cosa muy seria, es un atentado que produce terror en una gran cantidad de personas. Aquí provocará molestias a un grupo de personas que viven cerca, pero no es la idea de terrorismo", indicó Garretón en declaraciones a Efe.

El chileno, que hasta 2006 fue el representante regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y anteriormente relator de la ONU en la República Democrática del Congo señaló que el foco del conflicto "no es que (los mapuches) quemen camiones, ni mucho menos es terrorismo".

El abogado aseguró que "la violencia que existe en la región viene de la falta de solución de los problemas de los mapuches", que identificó como la pobreza y la falta de tierras.

A su juicio, los indígenas "no son los iniciadores de la violencia" que en los últimos años se ha registrado en el sur del país y denunció que la represión contra ellos "es muy brutal".

"Hay que entender que hay un conflicto, que no son personas malas. Han querido ser escuchadas y nunca se les ha escuchado", añadió el abogado.

En las últimas semanas se ha producido un repunte de la violencia relacionada con la causa mapuche en la sureña región de La Araucanía, donde la madrugada de ayer dos camiones cargados de madera fueron incendiados por una decena de encapuchados que los interceptaron en una carretera.

Este ataque se suma al registrado el pasado 11 de octubre, cuando un grupo de indígenas asaltó una plaza de peaje, incendió un camión y disparó contra varios vehículos en las afueras de la localidad de Victoria, 610 kilómetros al sur de Santiago.

Por estos actos, cinco mapuches fueron imputados formalmente por infracción a las leyes antiterroristas, medida que fue respaldada por el Ejecutivo chileno.