“Al lado del pendón del gobierno estaba el de la Barrick”, denunció Vilma Castro, integrante de la Comunidad de Surire, quien explicó que los organizadores nunca manifestaron que la transnacional canadiense financió parte de una actividad relativa a la implementación del Convenio 169 de la OIT en Chile. Era una actividad organizada en conjunto por el gobierno y Barrick donde invitaban a comunidades indígenas. “Hacen todo eso para que la gente no los vean tan mal, es una forma de lavar la imagen”, denuncia la activista, quien aseguró que “de haber sabido que Barrick estaba en esta actividad, simplemente no hubiéramos asistido”.
También conversamos con el abogado del pueblo de Totoral, Álvaro Toro, quien narró lo vivido en Antofagasta la semana pasada cuando la Corte de esa ciudad nortina vio los recursos que se abrieron en relación al conflicto con la termoeléctrica Castilla.
La sesión se extendió por casi ocho horas. Un recurso está dirijido contra el Servicio de Evaluación Ambiental por aprobar un proyecto disgregado, y un segundo recurso va en contra del Seremi de Salud que cambió de “molesto” a “contaminante” la evaluación del emprendimiento energético “que a todas luces es contaminante”. Para el jurista ambiental, “es muy importante la presión social, y eso lo pudimos ver en Antofagasta, donde el pueblo se movilizó y fue a la Corte a meter bulla”.
“Con la llegada del gobierno de Sebastián Piñera, Castilla hizo lobby y se cambió la evaluación ambiental”, explica Toro, quien explica detalladamente que según la ordenanza municipal “solo se pueden construir proyectos molestos en la zona, y por las características del volumen de Castilla, es claramente contaminante”.
Se espera que en los próximos 30 días la corte de Antofagasta estudie el caso y se pronuncie. “Si se declara contaminante, se caen las aprobaciones”, sostiene el jurista, quien manifiesta que “Castilla es energía barata para las mineras y no trae ningún beneficio”.
La sesión se extendió por casi ocho horas. Un recurso está dirijido contra el Servicio de Evaluación Ambiental por aprobar un proyecto disgregado, y un segundo recurso va en contra del Seremi de Salud que cambió de “molesto” a “contaminante” la evaluación del emprendimiento energético “que a todas luces es contaminante”. Para el jurista ambiental, “es muy importante la presión social, y eso lo pudimos ver en Antofagasta, donde el pueblo se movilizó y fue a la Corte a meter bulla”.
“Con la llegada del gobierno de Sebastián Piñera, Castilla hizo lobby y se cambió la evaluación ambiental”, explica Toro, quien explica detalladamente que según la ordenanza municipal “solo se pueden construir proyectos molestos en la zona, y por las características del volumen de Castilla, es claramente contaminante”.
Se espera que en los próximos 30 días la corte de Antofagasta estudie el caso y se pronuncie. “Si se declara contaminante, se caen las aprobaciones”, sostiene el jurista, quien manifiesta que “Castilla es energía barata para las mineras y no trae ningún beneficio”.
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