FRACASAN GESTIONES DE BARRICK GOLD PARA FINANCIAMIENTO DE PASCUA LAMA

Luego de reiteradas denuncias comunitarias:

En 2010 Barrick Gold solicitó financiamiento para el proyecto Pascua Lama a las agencias de financiamiento estatal de Estados Unidos (EX-IM),  y meses después  en Export Development  Canadá (EDC). Conociendo los principios que sustentan a estas entidades, las comunidades afectadas por el megaproyecto aurífero enviaron antecedentes del modo de operar de la empresa canadiense y solicitaron que no se les otorgaran fondos. Luego de dos años de gestiones, Barrick decidió desistir de la petición

En 2010, organizaciones canadienses alertaron a las comunidades chilenas que luchan por la vida y el agua en el Valle del Huasco, sobre la petición de fondos de Barrick Gold a la agencia Ex-Im de Estados Unidos  para la ejecución de Pascua Lama. De inmediato, las comunidades redactaron una carta, firmada por más de 20 organizaciones, donde daban cuenta de las múltiples irregularidades  en la que ha incurrido la empresa desde 2001 a la fecha, indicando específicamente  los juicios que están pendientes a nivel nacional e internacional, la muerte de más de 15 trabajadores, el daño irreparable a los glaciares, los procesos de sanción que pesan sobre la empresa  y los actuales problemas en la calidad y cantidad de aguas que están sufriendo las y los agricultores tanto del lado chileno como argentino, del primer proyecto minero binacional del planeta.

EX-IM, recepcionó favorablemente la misiva, aunque no se reactivaron los contactos hasta que personas del Valle informaron que estaban siendo contactadas por una consultora que representaba a EX-IM y también a la agencia canadiense EDC. La consultora procedía de forma sospechosa según las comunidades, por ejemplo, hacía las entrevistas en las oficinas de la minera o la minera facilitaba los contactos comunitarios y los traductores de los intercambios. Frente a esto, las comunidades cuestionaron el modo de operar de EX-IM y desacreditaron públicamente el trabajo en terreno que ambas agencias estaban desplegando.

Las agencias hicieron eco del reclamo comunitario, expresaron que el examen a la empresa estaba en curso, y dieron señales de que el proceso de evaluación no se agotaba en estas gestiones. En este marco, el 1 de marzo de 2012, mediante una nota en el sitio web de EX-IM, se informa públicamente que Barrick Gold desistió a su solicitud de financiamiento a la agencia, mientras que, en la misma fecha, en días siguientes un oficial de  EDC  nos confirmó que Barrick  también había  retirado su pedido de crédito de esa entidad. Antes de emitir este comunicado hemos verificado formalmente que el desestimiento se había materializado en ambas agencias.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, uno de los promotores de estas gestiones, señala que ”el desistimiento de la empresa es una muy buena noticia para las comunidades locales, pues no solo da cuenta del peso de los argumentos comunitarios, sino que supone además un revés político para la transnacional canadiense, pues implica que ante sus accionistas, no puede mostrar la solvencia que otorga estar respaldado por agencias de financiamiento de los estados canadiense y norteamericano”.

Organizaciones que patrocinaron las gestiones ante EX-IM y EDC:

Chile: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) / Agrupación Ecológica Atacama Limpio - Vallenar, Región de Atacama / Alianza por una Mejor Calidad de Vida RAP-AL  / Centro Cultural Social y del Medio Ambiente Ceibo – Maipú, RM / Centro Ecoceanos / Consejo de Defensa del Valle del Huasco- Región de Atacama / Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo, CODEPU-Chile / Acción por los Cisnes - Valdivia - Región de los Ríos / Liga Ciudadana de Consumidores / Mapuexpress / Radio del Mar / La Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación / Centro Ecuménico Diego de Medellín / Departamento de Paz Justicia e Integridad de la Creación, CONFERRE-Chile /  El Comité de Defensa y Recuperación del Cobre / ONG Recuperemos el Cobre de Chile /  Feministas Autónomas – Memoria Feminista / Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca, OCAS – Región de Coquimbo / Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Sociedad Misionera de San Columbano / Pastoral Salvaguarda de la Creación – Alto del Carmen, Valle del Huasco / Red Ciudadana por la Defensa de la Precordillera de Santiago, RM Chile

Argentina:  Frente Cívico por la Vida - San Juan / Inti Chuteh - San Juan / Conciencia Solidaria - Buenos Aires.

United States:  Columban Center for Advocacy and Outreach  /  Foreign Policy in Focus

Comunicaciones OLCA

Santiago – Valle del Huasco 15 de Marzo de 2012

Proyecto Minero Sierra Gorda cierra financiamiento por US$ 1.000 millones

El préstamo fue otorgado por el Banco Japonés de Cooperación Internacional y otros cuatro bancos privados: el Mizuho Corporate Bank, Ltd., el Sumitomo Mitsui Banking Corporation, el Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. y el Sumitomo Trust & Banking Co.



15 de Marzo de 2012.- El proyecto minero Sierra Gorda, ubicado en la Región de Antofagasta, va camino a convertirse en una realidad.

Y es que Sierra Gorda SCM, un joint venture en el que participa Quadra FNX y el grupo Sumimoto, ya cerró la obtención de financiamiento por 
US$ 1.000 millones, operación clave para concretar su construcción.

El préstamo fue otorgado por el Banco Japonés de Cooperación Internacional y otros cuatro bancos privados: el Mizuho Corporate Bank, Ltd., el Sumitomo Mitsui Banking Corporation, el Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. y el Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd.

En tanto, la asesoría legal, por parte de Sierra Gorda SCM, fue liderada y coordinada por la oficina de Santiago de Baker & McKenzie. Sumimoto Metal Mining Co. fue representada por el estudio jurídico Philippi, en tanto, Sumimoto Corporation fue asistida por Barros & Errázuriz.

Así, la puesta en marcha del yacimiento, situado a unos 1.500 kilómetros de Santiago, está prevista para 2014.

La vida útil del yacimiento se calcula en veinte años y se estima que el gasto de capital será de aproximadamente 
US$ 3.000 millones.




Producción


La producción anual se estima que alcanzará, aproximadamente, 220.000 toneladas de cobre, 11.000 toneladas de molibdeno y 2 toneladas de oro por más de 20 años.

“El proyecto está próximo a infraestructuras viales, generadoras de energía y portuarias existentes, por lo que no será necesario la construcción de grandes obras civiles, tales como caminos, plantas de energía y puertos”, puntualizó la compañía en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el que fue aprobado en 2011.

La extracción del mineral se realizará a través del método de explotación a rajo abierto, para posteriormente procesar los minerales oxidados y sulfurados de cobre, mediante lixiviación en pilas, e instalaciones para los procesos de chancado, molienda y flotación, respectivamente. El resultado de estos procesos permitirá obtener cátodos de cobre, concentrado de cobre y concentrado de molibdeno.

Cabe recordar que la firma polaca KGHM Polska Miedz anunció a fines de 2011 la compra del 100% de Quadra, que actualmente es dueña de tres faenas mineras operativas, dos ubicadas en Estados Unidos y una en Chile, las cuales corresponden a la Faena Minera Robinson (cobre y oro) en Nevada, Faena Minera Carlota (cobre) en Arizona y la faena minera Franke ubicada al interior de Taltal en la Región de Antofagasta donde se produce cobre mediante lixiviación (DF).
http://www.portalminero.com/noti/noticias_ver.php?codigo=16695&fecha=03

Chile expone la mafia de Barrick Gold en televisión abierta

Recientemente fuimos testigos de la brutal represión sufrida por el pueblo argentino cuando se manifestó en la provincia de Catamarca contra las compañías mineras bajo el control del Barclays Bank de Inglaterra, Rockefeller y Rothschild. Como pudo observarse, los ciudadanos patriotas del norte del país fueron intimidados y censurados por mercenarios armados leales al Gobierno Nacional y la corona británica. Estos criminales fueron más tarde amparados e incluso justificados por militantes kirchneristas de todo el país. Asimismo, los medios oficiales argentinos se mostraron plenamente a favor de la minería a cielo abierto y el cianuro, ocultando información sobre las medidas represivas que sufrieron los catamarqueños y la falta de legislación ambiental.

He aquí un impecable informe del colega Matias Rojas desde el país trasandino.

(Chile) En una entrevista realizada en el programa "Mentiras Verdaderas", el ex senador chileno Jorge Lavandero expuso la poderosa influencia de las corporaciones mineras transnacionales que implementaron una operación de prensa con acusaciones de pedofilia en su contra. De la misma forma, se refirió a personalidades influyentes como Andrónico Luksic, el empresario canadiense y amigo de Rothschild, Peter Munk, el conocido Mario Kreutzberger, el banquero David Rockefeller, entre otros, quienes hoy forman parte de la mafia que saquea los recursos mineros de Chile y la Argentina en convivencia con los presidentes corruptos de ambos países: Sebastian Piñera y Cristina Fernández de Kirchner.

Lavandero citó el libro "El Mal del diputado" y al periodista argentino Miguel Bonasso, quien revela en su obra los intereses detrás del Tratado Minerofirmado por Eduardo Frei Ruiz Tagle y Carlos Menem en diciembre de 1997. El acuerdo cede a la Barrick Gold un "país virtual" de 3.000 kilómetros de largo en la Cordillera de los Andes, permitiendo su explotación libre, con prácticamente cero imposiciones. La legislación habría sido escrita por la propia multinacional.

El siguiente reporte fue elaborado por el prestigioso periodista chileno, Matias Rojas:

"(Luksic) estaba asociado con el señor (Gustavo) Cisnero y eran los que financiaban el programa Contacto", declaró el ex parlamentario. "Además usted sabe que hicieron el programa 'Atacama', y que estaba el señor Mario Kreutzberger, el señor Cisnero, el señor Luksic y todos metidos en el programa Contacto para darle la imagen a la Barrick Gold".

Lavandero también dijo que Gustavo Cisnero, empresario venezolano, financió el fallido golpe de Estado que buscaba derrocar al presidente Hugo Chávez. Las poderosas conexiones de Cisnero son evidentes, puesto que hoy es parte del miembro directorio de Barrick Gold y presidente de asesoría internacional del Council of the Americas (Consejo de las Américas), organismo encabezado por el banquero David Rockefeller y cuyos miembros incluyen a El Mercurio de Agustín Edwards y Celulosa Arauco de los Angelini.

"¿Quién financió el golpe de Estado que derribó al presidente Allende?", preguntó el entrevistado. "Las multinacionales del cobre, con el Depto. de Estado y la CIA. ¿Por qué? Por haber nacionalizado el cobre chileno. Ese fue el precio que tuvo que pagar Salvador Allende".

Cabe destacar que el Council of the Americas tiene estrechos lazos con la CIA. Además de ser dirigida hoy por un ex miembro de la Agencia, John Negroponte, la organización habría jugado un papel instrumental en precipitar el sangriento golpe de Estado que puso en el poder a Augusto Pinochet. Según señala el libro La CIA contra América Latina (1984) de los profesores V. Zubenko y K. Tarásov, una delegación de miembros del Council que tenían intereses económicos en Chile, encabezados por el entonces presidente de Anaconda Copper, Jay Parkinson, visitaron en abril de 1970 al director de la CIA, Richard Helms, para expresar su "inquietud" por el ascenso de Allende a la presidencia. La delegación instó a la Agencia a "adoptar medidas para establecer el orden" en el país.
VER VIDEO


El siguiente video es un extracto del extenso programa emitido el pasado lunes en el canal Red Tv. La versión completa del episodio puede ser vista aquí.

Matias Rojas | Verdad Ahora
BWN Argentina
http://bwnargentina.blogspot.com/2012/03/chile-expone-la-mafia-de-barrick-gold.html

Dos años de gobierno de Sebastián Piñera son evaluados bajo la óptica de los Derechos Humanos

Natasha Pitts

Periodista de Adital

Adital

Al cumplirse dos años de mandato presidencial de Sebastián Piñera, Amnistía Internacional (AI) remitió al mandatario al inicio de esta semana, una carta evaluando los "avances, retrocesos y desafíos en la situación de los Derechos Humanos en Chile”. Además hacer recomendaciones y críticas, la comunicación reconoce también los puntos positivos en materia de DH.

Algunos de los puntos evaluados positivamente por la organización fueron la puesta en funcionamiento de Instituto Nacional de Derechos Humanos y la publicación del informe de la Comisión Nacional sobre prisión Política y Tortura (Comisión Valech II) creada para establecer la identidad de las personas que fueron encarceladas y sufrieron torturas por razones políticas, por el Estado, entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990, el periodo de la dictadura militar.

En contrapartida, AI señala como una de sus preocupaciones las violaciones de DH practicadas el pasado año contra manifestantes que participaban de marchas y acciones en las calles del país. Los manifestantes denunciaron ante Amnistía el uso excesivo de la fuerzapor parte de la policía, uso inadecuado de gases lacrimógenos y chorros de agua con alta presión, detenciones arbitrarias e informes de torturas, maltrato, golpizas y amenazas de violencia sexual.

"Amnistía Internacional reconoce el difícil contexto en que el cuerpo de carabineros debe actuar y también reconoce que los Estados están obligados a mantener el orden público. Sin embargo, el Estado chileno tiene la obligación de cumplir con esta responsabilidad de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos, las cuales regulan el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, subraya la información.

Aún con respecto a las protestas sociales, AI tema la posible aprobación de la ‘Ley que Fortalece la guarda del Orden Público’, conocida como ‘Ley Anti-tomas’, Proyecto de Ley enviado al Congreso Nacional por el gobierno de Piñera con la intención de "resguardar el orden público”. La redacción del proyecto, para Amnistía, está abierta a interpretaciones que pueden llevar a vulnerar los derechos humanos y afectar la libertades de expresión, reunión, asociación y circulación.

La situación de los pueblos indígenas también es mencionada en la carta al presidente, ya que el país no avanzó en este ítem, como debería. A pesar de haber votado favorablemente la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la OIT, el Estado no concretizó acciones que lleven al cumplimiento de los principios contemplados en tratados internacionales.

Una de las principales demandas que deben ser cumplidas es asegurar que los pueblos indígenas y originarios sean consultados sobre las actividades que los afectan. Otro punto a ser cumplido con carácter definitivo es poner fin a la aplicación indiscriminada de la llamada "Ley Antiterrorista” en el juzgamiento de los Mapuches. AI expresa también su preocupación por la ilegal aplicación de esta ley contra menores de edad.

Cuando se habla de Derechos Humanos no se puede dejar de recordar las situaciones enfrentadas por lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros. Por ello, Amnistía demanda Chile adopte una legislación integral, que castigue no solo a quien practique discriminaciones en razón de la identidad sexual, sino también discriminación en virtud del sexo, origen étnico, nacionalidad o creencias religiosas.

La organización espera el desarrollo del debate sobre el proyecto de Ley que crea una Subsecretaría de Derechos Humanos el que incluye la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Amnistía espera que estos procesos puedan realmente promover y proteger los DH en Chile con participación de organizaciones de la sociedad civil.

Para leer la carta enviada por Amnistía Internacional al presidente Piñero acceda a:

http://www.amnistia.cl/web/sites/default/files/CARTA%20A%20PRESIDENTE%20SEBASTIAN%20PI%C3%91ERA_0.pdf

Traducción: ricazuga51@yahoo.com

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=ES&cod=65240 

Las preguntas que debemos hacernos frente al caso Termoeléctrica Castilla

http://radio.uchile.cl/opiniones/143522/ 

Lucio Cuenca Berger

Director Ejecutivo de OLCA

        El reciente fallo de la Corte Apelaciones de Antofagasta sobre el recurso de protección interpuesto por la Junta de Vecinos de Totoral, la Mesa Social de Copiapó y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales-OLCA, impugnando el modo de operar arbitrario del Seremi de salud de Atacama, es sin duda una muy buena noticia para el país, por su contundencia jurídica, por el resguardo de los derechos ambientales en los que se sustenta constitucionalmente, y por el criterio unánime que lo anima. Pero además es una muy buena noticia porque nos abre la posibilidad de resituar en el debate público el modelo de desarrollo que han impulsado tanto los gobiernos de la Concertación como de la derecha y los mecanismos de los que se valen para ejecutarlo, contra la voluntad de las comunidades y contra el espíritu de las leyes que se supone debieran normar nuestra democracia.

        El proyecto Castilla estaba pensado para surtir entre un 10 y 15% de la capacidad de generación eléctrica instalada de Chile, siguiendo la meta gubernamental de duplicar la generación eléctrica para los próximos 10 años. Meta, que tal como revela un estudio de Energía Inteligente se justifica en el aumento de la demanda cuyo 70% responde a los requerimientos de los megaproyectos mineros transnacionales aprobados en nuestro suelo. Estos megaproyectos han sido fuertemente cuestionados y resistidos por todas las localidades vecinas a ellos, y como ya ha sido contundentemente demostrado, implican la fuga acelerada de nuestros bienes comunes, en la mayoría de los casos evaden los exiguos impuestos que debieran cancelar y externalizan los costos sociales y ambientales de sus operaciones, con lo cual termina siendo el Estado el que debe invertir para reparar los daños una vez que la extracción concluye.

        Pese a esto, el extractivismo sigue siendo la apuesta de los gobiernos, seguramente la falta de políticas de Estado y el funcionamiento en torno a meros planes cortoplacistas de gobierno, tiene mucho que ver con esto. Es que el extractivismo otorga liquidez en el corto plazo, las empresas para lograr la licencia social para operar invierten porcentajes ínfimos de sus operaciones, pero de todas maneras cuantiosos, en programas de salud, educación, cultura, obras públicas, etc, bajo el rótulo de Responsabilidad Social Empresarial, lo que tiene un doble efecto, fortalecer la imagen de las transnacionales como necesarias y responsables, y liberar a los gobiernos de las demandas regionales en el corto plazo.

        La perversión de este modelo es tan evidente, como asombrosa nuestra incapacidad de hacerle frente. Por ejemplo, todo el debate energético que se ha sostenido en el país, se ha centrado en qué oferta debe ser la más adecuada para satisfacer la demanda, pero no nos estamos preguntando para qué es esta demanda, si responde o no a los desafíos de desarrollo que como cada región hemos determinado darnos. El centralismo en Chile está demostrando su miopía y absurdo ¿no basta con Magallanes, Aysen, Calama, para que nos demos cuenta?

        Como el compromiso con el modelo de desarrollo extractivista es tan ciego en nuestras autoridades, incurren en una serie de despropósitos que contravienen los derechos fundamentales de todos los chilenos y chilenas, y que socavan las bases de nuestra institucionalidad. En este sentido el caso Castilla es sumamente revelador.

        En el Informe de Contraloría  de Septiembre del  2011 sobre Castilla, requerido por el diputado Robles a instancias de las comunidades afectadas, se dio cuenta de que ya el proceso de modificación del Plan Regulador de Copiapó resuelto por el alcalde concertacionista Marcos López Rivera a fines de 2008, luego de perder la elecciones y justo antes de dejar el mando, había sido completamente irregular. Esto fundamentalmente por dos razones: los estudios técnicos que lo sustentaban no habían sido financiados por la Municipalidad como exige la ley de Urbanismo, sino que por la empresa MPX, hasta el punto de tener el logo de la misma, y además, el municipio no cumplió con los plazos requeridos para asegurar la debida participación e información ciudadana que se exige en estos procesos. Recordemos que esta alteración del plano regulador, fue la que, por presión de la empresa brasilera, cambió la calificación del sector Punta Cachos, Bahía Salados, comuna de Copiapó, lugar donde se quería emplazar Castilla, de zona ecológica protegida con vocación turística, a zona industrial para actividades inofensivas y molestas. Una vez hecho esto, la empresa presionó para que se cambiara la calificación de “contaminante” emanada de la Seremi de Salud Pilar Merino. Con el cambio de gobierno en marzo de 2011 asumió la seremi Raúl Martínez, quien modificó la calificación de la termoeléctrica a “molesta”, en un proceso del todo irregular, lo que fue fallado por la Corte de Apelaciones de Copiapó y la Corte Suprema, de forma unánime, ante el requerimiento de los vecinos que se oponían a la construcción de la central, fallo que motivó de hecho la renuncia del profesional. 

        En este contexto se encontraba el proyecto cuando asume como SEREMI el ginecólogo Nicolás Baeza, a quien se refiere el fallo de la Corte de Antofagasta, determinando que su accionar fue arbitrario al cambiar nuevamente a través de otro procedimiento administrativo la calificación de esta termoeléctrica, 5 veces  más grande que la rechazada Barrancones, como industria solo molesta. Sin embargo, este actuar no fue en solitario, el informe de la Contraloría da cuenta de la constitución durante el gobierno de Sebastián Piñera de un Comité de Agilización de Inversiones CAI, que realizó todas las gestiones pertinentes, incluyendo reuniones fuera de la institucionalidad y presiones a funcionarios para que en marzo de 2011 el proyecto alcanzara una calificación ambiental favorable. 

        Según Contraloría, este Comité es muy frágil jurídicamente, pues debió ser constituido por decreto ministerial de cada uno de los organismos del Estado involucrados, cuestión que no ocurrió, pero además, al menos en el caso Castilla, hay pruebas suficientes que dan cuenta que se excedió en sus funciones, tomando para sí atribuciones que son de exclusiva competencia presidencial. En carpeta de este Comité no solo estaba Castilla, sino que al menos habían otros 32 proyectos, que nos imaginamos han sido objeto de las mismas presiones que el caso que nos ocupa en esta columna.

        Con todo lo señalado, nos parece entonces que aunque el fallo de Castilla es sumamente relevante y auspicioso, y sienta un muy importante precedente en la historia jurídica ambiental chilena, no nos puede llevar a concluir que se ha restablecido el Estado de derecho en nuestro país. Más bien, constituye una muy buena posibilidad para que como sociedad dimensionemos la arbitrariedad del modelo de desarrollo que se impone cada día, la vulnerabilidad de nuestro Estado de derecho frente a las presiones transnacionales, y la necesidad de generar un proceso real de exigencia de nuestros derechos y de fortalecimiento de nuestra escuálida democracia, de manera que, por ejemplo en Castilla no permitamos otra vez más el chantaje y las presiones de los voceros directos o indirectos de los intereses eléctricos y mineros, que seguramente buscarán crear un clima de terror ante un presunto desabastecimiento  de electricidad, tal como han hecho con Hidroaysén, durante el tiempo que dure la apelación en la Corte Suprema.

Chile: Cacerolazo hoy para “celebrar” los dos años del “mal” gobierno de Piñera

http://www.contrainjerencia.com/?attachment_id=40577

"La lucha mapuche no es por el Estado"

Publicado en Viernes, 09 Marzo 2012 01:41

El 26 de septiembre el juzgado de letras y garantías de Traiguen liberó al luchador mapuche Pascual Pichún por considerarlo “rehabilitado”. Había sido condenado a cinco años de prisión por supuesto delito de incendio, en el marco de una movilización en reclamo de tierras mapuches. Evidencias y resonancias de una Ley Antiterrorista que encerró a un hombre pero no pudo con el grito de la tierra.

El fundamento de la ley es la palabra escrita. Para los pueblos originarios, la palabra hablada. Los mapuches no creen en la palabra escrita porque, aseguran, la palabra escrita miente. No expresan el amor con el posesivo “te quiero”, sino “quiero con vos”; no señalan “esta tierra es mía”, sino “yo soy de esta tierra”. Pero el brazo de la ley borra las cosmogonías y así, Pascual Pichun Collonao, Manuel Lonkopan para sus amigos del Puelmpu, estudiante de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, fue juzgado por la Ley Antiterrorista chilena por luchar como su padre y su hermano por la recuperación de tierras ancestrales y la defensa del territorio.

¿Qué estrategias se deben trazar para que una desobediencia cívica se transforme en un interrogante y una preocupación para la sociedad? Pascual relata los hechos con un tono pausado y una fortaleza que no denota el paso por la prisión. La causa que devino en una condena por cinco años se redujo a un año y medio dado que la causa prescribió; esto es, en la legislación chilena se reconoce el período de ausencia durante el tiempo que transcurre la condena. Entonces, finalmente el tribunal concedió la prescripción completa. Para la justicia, Pascual Pichún no significa hoy día un peligro porque “se encuentra rehabilitado”. Antes de esto, Pascual Pichún estaba, según cierto diagnóstico social que la ley se adjudica, enfermo.

Pero las persecuciones continuaron a pesar de recuperada la libertad. Luego de la cárcel fue detenido en una serie de ocasiones. Una de ellas tuvo lugar en Temuco, el pueblo donde Pablo Neruda en su prólogo “Cuadernos de Temuco” relata como, a partir de 1887, se llevó a cabo la denominada Pacificación de la Araucanía: “la continuación de una guerra a sangre y fuego para desposeer a nuestros compatriotas de sus tierras”. Allí, como un fantasma que se levanta de la historia, para Pascual aún circulaba una orden de detención del 2003 a pesar de haberse cerrado su caso.

La solicitud de refugio político en el 2005 al Estado argentino hubiese significado el blanqueo de su estadía en el país al cerrar el proceso de clandestinidad y dedicarse a estudiar en la universidad, pero no obtuvo la respuesta esperada. “El Estado argentino jamás me concedió el estatus de refugiado político”, expresa. “Nunca respondieron, ahora no sé como habrá quedado, quizá aún la solicitud se encuentre dando vueltas por ahí. Fue decepcionante caer en la cuenta de esto, una de las razones por las cuales me fui”.

Los reclamos que han devenido en conflicto de parte del pueblo mapuche tienen que ver con la reconstrucción del territorio ancestral. “No nos interesa si es el Estado reconoce o no reconoce la posesión del territorio, sino qué ocurre en la práctica. La lucha también debe realizarse hacia adentro, como reconstruir el sistema económico mapuche, el chaskin, el intercambio, para paulatinamente abandonar la dependencia del Estado.  Autogestión, es decir, producir para solventar las cuestiones mínimas, porque nosotros no necesitamos más, necesitamos solamente para vivir, no necesitamos para montar empresas ni nada que se parezca. Y es que hay cierta idea de retorno, la manera mapuche de generar nosotros mismos nuestro alimento y que podamos intercambiar con peñis de otras comunidades que producen otras cosas. La lucha de los pueblos originarios de América latina en general pasa por lograr otras cosas, como la lucha de la transformación de los Estados, apoderarse del Estado. Pero la lucha del pueblo mapuche no es esa. Nosotros no estamos luchando por tener en nuestras manos al Estado chileno, nosotros estamos luchando porque el Estado no ponga más su mano sobre nosotros y que nosotros mismos construyamos nuestro gobierno, nuestra forma de organización política y social”.

¿Cómo anteponer al concepto economicista de rentabilidad de la tierra la noción comunitaria de soberanía alimentaria? Recuperar el tejido no es fácil cuando el racismo se inscribe en la práctica del lenguaje. La palabra reserva en alusión a las comunidades, borra todo principio de cooperativismo. En Chile la represión al pueblo mapuche no es un fenómeno actual. Los gobiernos de la Concertación han establecido incluso una política claramente represiva; una política sistemática herencia de la dictadura. La ley supone la espada y para los mapuches la espada sólo ha cambiado de mano. El crecimiento de la represión es correlativo a la proyección de los intereses empresariales. Encarcelamiento, aplicación de leyes tan desmedidas como la Ley Antiterrorista o la Ley de Seguridad Interior del Estado. Si bien se trata de leyes de excepción, en Chile está normalizado que a los mapuches que están movilizados se le apliquen estas leyes. “Es una manera de ejercer la represión al interior de las comunidades. El resultado es el desmantelamiento de familias, porque no es fácil que un día le metan preso al padre de un chico por ejemplo, o que una familia quede sin el papá porque cambia totalmente su vida cotidiana, de ser productores de la tierra, de estar preocupados por generar su alimento pasan después a tener que estar preocupados todo el tiempo por ir a visitar al peñi que está preso. El daño psicológico hacia los niños es muy grande en este sentido, se produce una fractura”.

En Argentina, a principios de la década menemista, empresarios y políticos realizaron una estrategia para apropiarse de uno de uno de los últimos recursos no renovables del país. Establecieron entonces un marco jurídico para el ingreso de la megaminería mundial bajo el ala del paradigma neoliberal: excelentes condiciones para las empresas y una reducida, prácticamente nula, injerencia del Estado y de la sociedad civil. Sólo en el período 2003-2006, el crecimiento de las inversiones acumuladas por las mineras superó el 490%. Lo que queda en el país es la regalía de un máximo del 3% y un alto nivel de contaminación. Actualmente, cientos de proyectos esperan a ser aprobados por la Secretaría de Minería de la Nación y las exigencias para con las empresas no se han alterado. En este contexto y por pedido de Washington, el 22 de diciembre del año pasado el congreso argentino sancionó la llamada "Ley Antiterrorista”. Como las anteriores, fue recomendada por Estados Unidos y el GAFI para mantener asiento en el G-20.

En este momento, existe una lucha en defensa de la naturaleza al sur de chile, en Willimapu, a casi 30 kilometros de la ciudad de Osorno, en la zona cercana al río Pilmaiquen, por la intención de empresas transnacionales de construir un embalse de 18 kilometros. Este proyecto se cierra sobre el cauce y dejaría afectadas a varias comunidades mapuche, Wiliches, Maihue, el roble Carimallin y Lumaco, entre otras. Esta construcción también afectaría a un complejo ceremonial que los mapuches denominan "Ñgen Kintuante", una fuerza sagrada que habita lugares en los cuales las machi buscan sus plantas para la elaboración de remedios para la gente del lugar. Existe un cerco comunicacional que imposibilita la difusión del conflicto. Como reacción, el objetivo de las comunidades movilizadas en defensa del territorio es encauzar el conflicto hacia el Puel Mapu, territorio mapuche del este bajo control jurídico del Estado argentino. Un Estado argentino que hoy tiene su propia Ley Antiterrorista.

http://www.marcha.org.ar/index.php/latinoamericayelmundo/104-chile/732-qla-lucha-mapuche-no-es-por-el-estadoq