Hoy 28 de julio de 2010 tuvo lugar la reunión ordinaria de la COREMA de Atacama donde tenía que decidirse respecto de la calificación del proyecto de instalación de una central termoeléctrica en Punta Cachos, cerca de la Bahía Salado. Dado que ayer la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó no innovar en este caso, quedó en suspenso la decisión final de aprobación o no del citado proyecto. Los jueces ordenaron al SEREMI de Salud, Raúl Martínez, presentar en el plazo de diez días un informe detallado sobre el cambio de la nomenclatura de contaminante a molesto. La ex SEREMI de Salud, Pilar Merino, en noviembre de 2009 había determinado que la realización de esta termoeléctrica era contaminante.
El ambiente que rodeó la sesión de hoy estuvo marcado por un excesivo celo policial que impidió que la gran mayoría de los asistentes no pudiera ingresar al Salón de Actos, Carlos María Sagayo, situación que contradice abiertamente las disposiciones en cuanto a que la ciudadanía se implique a participar en eventos en que está en juego el medioambiente del borde costero (Ley 19 300 del medioambiente), la fuente de trabajo de los pescadores artesanales,la biodiversidad, la calidad de vida, el turismo y la calidad de los productos del mar que se transan en el mercado nacional e internacional.
Durante la sesión que duró dos horas, la presidenta de la COREMA, Ximena Matas, condujo la reunión de manera casi autoritaria llegando incluso a cortar el sonido de los micrófonos de algunos expositores. Se respiraba malestar en la sala donde, además, algunos miembros del CORE (CONSEJO REGIONAL) no pudieron expresar libremente sus puntos de vista sobre la manera de actuar seguida por la Intendenta. Las reglas del procedimiento de la reunión fueron confusas. Por ejemplo, varios de los dirigentes sociales presentes no tuvieron la autorización de tomar la palabra, a pesar de que con antelación se habían inscrito solicitando intervenir. Entre estas personas se cuenta a la Sra. Marta Torres, presidenta de la Junta de Vecinos de Bahía Inglesa,la sra.Elena Marin de la comunidad de Totoral y el presidente del partido comunista de atacama y otros. Al cierre hubo varios asistentes que manifestaron su descontento frente a la conducta de la Intendenta, como también del director de la CONAMA y del SEREMI de Salud Raúl Martínez.
Pensamos que frente a la magnitud de lo que está en juego con la posible instalación de la Central Termoeléctrica Castilla, los ciudadanos de Huasco, Vallenar, Freirina, Caldera y Copiapó deben movilizarse apoyando las iniciativas que tomarán los alcades de la Región de Atacama para parar la ejecución del proyecto de construcción de la termoeléctrica la cual dañaría de manera irreversible la calidad de vida, la belleza del lugar y la biodiversidad del borde costero de Atacama.
Declaracion, directorio junta de vecinos de Bahia Inglesa
miércoles, 28 de julio de 2010
ONGs Y COMUNIDAD CELEBRAN SUSPENSIÓN JUDICIAL DE TERMOELECTRICA CASTILLA
Santiago, 27 de julio de 2010. (OLCA)-- Comunidades, asociaciones comunitarias y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), celebraron este martes la orden de no innovar en el caso de proyecto Central Termoelectrica Castilla, dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó que suspende temporalmente la tramitacion y votacion de este proyecto contaminante.
El OLCA afirmó que la decisión de la Corte es una "crítica al viciado procedimiento emprendido por las nuevas autoridades ambientales y de salud regional que han modificado ilegalmente resoluciones que sectoriales que calificaban de contaminante al proyecto termolectrico. Y es un llamado de atención acerca de la falta de información pública sobre los vicios en la tramitación de del proyecto transnacional contaminante".
Lucio Cuenca, director del OLCA, señaló que "la suspensión del proyecto y la orden de paralizar la votación de la Corema es una clara señal de que las cosas se están realizando mal por parte de la compañía brasileña, pero también de parte de las autoridades".
"Esta decisión judicial además es una aliciente y un visto bueno para las comunidades y organizaciones que se oponen a la instalación de este megaproyecto que aspira abastecr con energía a la gran minería multinacional que opera en todo el norte del país", agregó el director del OLCA.
Mientras los jueces de la Corte de Apelaciones analizaban la procedencia del recurso de protección presentado por el abogado Patricio Escobar, se desarrollo una gran movilización ciudadana en las calles de Copiapó. Las organizaciones sociales y ambientales convocantes de toda la region de Atacama, provenientes de Caldera, Vallenar, Huasco, tambien se le sumó una numerosa delegacion de Totoral, el poblado rural mas cercano al lugar donde pretende instalarse la Termoelctrica. Una de la convocantes, la totoralina Fabiola Flores, señalo que "espera que con esta masiva manifestacion las autorodades regionales comprendan que los atacameños no queremos esta mega central termolectrica, debido a los enormes impactos ambientales y a la salud que provocaria de llegar a construirse. Todavia estamos a tiempo de hacer bien las cosas" indico.
El OLCA afirmó que la decisión de la Corte es una "crítica al viciado procedimiento emprendido por las nuevas autoridades ambientales y de salud regional que han modificado ilegalmente resoluciones que sectoriales que calificaban de contaminante al proyecto termolectrico. Y es un llamado de atención acerca de la falta de información pública sobre los vicios en la tramitación de del proyecto transnacional contaminante".
Lucio Cuenca, director del OLCA, señaló que "la suspensión del proyecto y la orden de paralizar la votación de la Corema es una clara señal de que las cosas se están realizando mal por parte de la compañía brasileña, pero también de parte de las autoridades".
"Esta decisión judicial además es una aliciente y un visto bueno para las comunidades y organizaciones que se oponen a la instalación de este megaproyecto que aspira abastecr con energía a la gran minería multinacional que opera en todo el norte del país", agregó el director del OLCA.
Mientras los jueces de la Corte de Apelaciones analizaban la procedencia del recurso de protección presentado por el abogado Patricio Escobar, se desarrollo una gran movilización ciudadana en las calles de Copiapó. Las organizaciones sociales y ambientales convocantes de toda la region de Atacama, provenientes de Caldera, Vallenar, Huasco, tambien se le sumó una numerosa delegacion de Totoral, el poblado rural mas cercano al lugar donde pretende instalarse la Termoelctrica. Una de la convocantes, la totoralina Fabiola Flores, señalo que "espera que con esta masiva manifestacion las autorodades regionales comprendan que los atacameños no queremos esta mega central termolectrica, debido a los enormes impactos ambientales y a la salud que provocaria de llegar a construirse. Todavia estamos a tiempo de hacer bien las cosas" indico.
lunes, 26 de julio de 2010
RECHAZO DE LA COMUNIDAD A ILEGAL RESOLUCIÓN DE SEREMI SALUD ATACAMA
SE ADJUNTA AFICHE QUE REFLEJA EL RECHAZO DE LA COMUNIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL SEREMI DE SALUD ATACAMA.... ( AFICHE UBICADO EN CALLE CHACABUCO A DIEZ PASOS DE LAS OFICINAS DE LA SEREMI DE SALUD ATACAMA)
SEGURAMENTE ESTA RESOLUCIÓN, VA A SER UTILIZADA POR LA EMPRESA PARA TRATAR DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE LA TERMOELECTRICA CASTILLA, MAÑANA 27 DE JULIO DE 2010, A LAS 10:00 A.M.
NUEVAMENTE VEMOS QUE LA COREMA, MANIPULA LA FECHA Y LA HORA PARA TRATAR DE EVITAR LA PRESENCIA DE TODOS LOS QUE NOS OPONEMOS AL EMPLAZAMIENTO DE ESTE PROYECTO, QUE TERMINARÁ POR DESTRUIR LA RICA DIVERSIDAD DE UNA DE LAS COSTAS MAS LIMPIAS DEL PAIS...
PESE A ELLO, ALLI ESTAREMOS PARA SER SENTIR NUESTRO RECHAZO....
DESDE YA, TODOS LOS QUE PUEDAN ASISTIR, NOS JUNTAMOS EN LA PLAZA DE COPIAPÓ A LAS 10:00 A.M.
LOS ESPERAMOS....
sábado, 24 de julio de 2010
CONVOCATORIA TRIBUNAL ETICO SOBRE MINERIA DE FRONTERA EN LATINOAMERICA
Los territorios cercanos a las fronteras de los países, hasta hace unos años, estaban de una u otra manera restringidos para la explotación minera, sin embargo este obstáculo está siendo derribado por la expansión minera transnacional en la región latinoamericana. La minería de frontera se está convirtiendo en un tema de preocupación de las comunidades afectadas, instituciones, gobiernos, entre otros. Existen proyectos mineros que afectan varias fronteras en América Latina y no están recibiendo la atención necesaria en función de su especificidad.
Es por ello que el día jueves 30 de septiembre del 2010 se realizará en la ciudad de Santiago de Chile el (primer) “Tribunal Ético sobre Minería de Frontera en Latinoamérica”. En dicho tribunal se analizarán casos de las fronteras Chile/Argentina, Bolivia/Brasil, Ecuador/Perú entre otros.
Convocamos a las organizaciones e instituciones de América Latina que estén trabajando sobre conflictos mineros que tienen alcance de frontera a que presenten sus casos al tribunal. (Ver caracterización de minería de frontera en archivo adjunto)
El plazo para enviar los casos para ser considerados por los organizadores del tribunal vence el 15 de agosto. (Enviar aconflictosmineros@
Las organizaciones que deseen presentar casos deben completar el formulario adjunto más abajo: señalando expresamente en la descripción que se trata de postula ción al “Tribunal Ético sobre Minería de Frontera en Latinoamérica” .
El resultado de la calificación de los casos se dará a conocer a más tardar el 30 de agosto para disponer de tiempo suficiente de arreglar los aspectos logísticos de la presentación de dichos casos.
La participación en el tribunal una vez seleccionado el caso corre por cuenta de los postulantes. Los organizadores del tribunal no cubren gastos de viaje ni estadía.
Para mas información, ponerse en contacto con los organizadores para conocer opciones de alojamiento acorde a los intereses de los participantes.
El panel de jueces del tribunal son elegidos de los siguientes sectores:
Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Iglesias, Ecologistas.
Saludan atentamente:
Acción Ecológica. Ecuador
CooperAcción - Perú
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, FOBOMADE
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA - CHILE
2 archivos adjuntos — Descargar todos los archivos adjuntos
 | Breve caracterización de minería de frontera.doc 28 K Ver Descargar |
| Ficha Presentación Casos Tribunal Minería Frontera.doc 32 K Ver Descargar |
“LOS ANDES SIN MINERIA DE FRONTERA”
DECLARACION DEL ENCUENTRO BINACIONAL
CHILE ARGENTINA:
“LOS ANDES SIN MINERIA DE FRONTERA”
(14 y 15 de Julio de 2010)
Desde el Valle del Huasco, límite sur del Desierto de Atacama, donde desde hace diez años se desarrolla el conflicto minero binacional Pascua Lama, las organizaciones ciudadanas argentinas y chilenas reunidas en el Encuentro binacional “Causas y Cauces comunes: los Andes sin minería de frontera”, por nuestros hijos y las futuras generaciones declaramos:
El repudio absoluto al Tratado Minero Binacional y al tipo de minería que impulsa, este instrumento refleja un modelo económicoimpuesto por las grandes economías mundiales, fue diseñado por empresas mineras transnacionales, entre ellas Barrick Gold, y profundiza un modelo destructivo, impositivo y transgresor, no solo de nuestra cultura, economía y naturaleza sino de nuestros valores, los valores de nuestras sociedades, dejando de manifiesto una intencionalidad perversa de enriquecimiento desmedido de unos pocos a costa de muchos. El crecimiento económico infinito, base del modelo imperante, no es más que una intensión ridícula e insustentable, que lo único que logrará es la destrucción de todo lo que conocemos, es por eso que trabajaremos sin descanso para luchar contra este modelo. Nos oponemos a la mega minería química en la cordillera porque:
Primero, atenta contra el mayor y más preciado bien que conservan nuestros territorios; el agua. En Chile y Argentina, sobrevivimos gracias a esta riqueza natural, las aguas y glaciares de la cordillera, la cual riega nuestros territorios y sabiamente nos proveen en épocas de sequia, situación que ha permitido nuestra vida y nuestra sustentabilidad, la que vamos a proteger a cualquier costo.
La Mega minería química a la que estamos siendo expuestos, es la más contaminante del mundo por el alto nivel de residuos químicos que genera: Cianuro, Mercurio y Arsénico, entre otros. No queremos que dinamiten nuestra cordillera, la cordillera que todos y todas alguna vez dibujamos de niños.
Segundo, violenta nuestras formas de vida tradicionales, dañando el patrimonio histórico, cultural y social, mediante diversos mecanismos de corrupción, cooptación y extorsión han ensuciado lo más profundo de nuestras comunidades, dividiendo pueblos, comunidades incluso familias.
Finalmente si nuestras autoridades no han tenido dignidad, voluntad y compromiso para enfrentar este saqueo, nosotros sí los tenemos y no queremos que nuestra soberanía se vea restringida por un tratado que entrega un territorio que pertenece a dos países soberanos, a una empresa transnacional.
Seguiremos siendo vecinos, el país virtual que han puesto entre nosotros no nos dividirá, nos hemos reunido con el propósito de continuar coordinándonos, hemos trabajado estos días con ese fin y nuestra fuerza radica en la verdad y la convicción para defender la cordillera, la que históricamente nos ha separado, y que hoy nos une. Este encuentro ha sido un paso que fortalece enormemente el trabajo conjunto , hemos acordado un plan de acción y nuevos encuentros, para mejorar nuestros lazos y para vivir en una Cordillera sin minería.
Agrupación Defensa Valle Chalinga - Salamanca, Región de Atacama
Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo - San Juan, Argentina
Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación- Chile
Comité Medio Ambiente Rio Cochiguaz, Valle del Elqui, Región de Coquimbo
Consejo de Defensa del Valle del Huasco, Región de Atacama
Comunidad Agrícola Totoral – No a Termoeléctrica Castilla, Copiapó, Región de Atacama
Coordinadora contra Pascua Lama - Santiago
CUT Provincial, Sindicato de la Construcción - Vallenar, Región de Atacama.
Frente Cívico por la Vida - San Juan, ,Argentina
Comité Agua y Vida, Iglesia Presbiteriana de Chiguinto, Alto del Carmen, Región de Atacama
Madres Jachaleras - Jáchal, Argentina
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA
Pastoral Salvaguarda de la Creación-Alto del Carmen, Región de Atacama
Red Ambiental del Norte
Red de Organizaciones de Base, Córdova Despierta, Córdova Argentina
Sindicato de Pirquineros-Vallenar, Región de Atacama.
jueves, 15 de julio de 2010
CHILE: LA IMPARABLE SED DE LAS MINERAS
En este artículo, quedan "deschavadas" algunas cositas:
a) Ya existieron negociaciones entre funcionarios chilenos y riojanos (Argentina) para llevar agua desde La Rioja para las mineras de Chile
b) La minería en Chile se "tragó toda el agua" y quieren más
c) Piñera, muy permeable a las empresas mineras (más que Bachelet) anularía los decretos de preservación de aguas.
¿DE ESTO SE TRATABA LA MINERIA SUSTENTABLE?
"Se acabaron las holguras de agua en el norte para la minería"
Durante la gestión de Rodrigo Weisner al mando de la Dirección General de Aguas (DGA) se realizó una serie de acercamientos con las autoridades de La Rioja, Argentina, para importar agua hacia el proyecto Caserones, en la cordillera de Copiapó.
Tales acercamientos, que no prosperaron y que pretenden ser retomados por el actual gobierno, son muestra de la necesidad de contar con recursos hídricos en el norte, para desarrollar la gran minería y también la incipiente agricultura en la III Región.
Según el hoy socio de Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, en el norte se acabó la holgura de agua dulce, lo cual explica el florecimiento de desaladoras y la búsqueda de recursos al otro lado de la cordillera.
"Se acabaron las holguras de agua en el norte para la minería. Estamos en la etapa de usos marginales y cada litro extra es difícil de conseguir", dijo Weisner.
Semanalmente, como comenta el jurista, se ve a clientes solicitando comprar derechos de agua en el norte para desarrollar proyectos, lo cual ha empujado a los precios a la nubes.
Weisner explica que antes el promedio era de US$10.000 el litro/segundo. Hoy esa cifra se empina a los US$ 60.000 litros/segundo e, incluso, ha habido casos que rozan los US$ 200.000.
Si bien se nota un quiebre de tendencia, aún no está en un punto crítico que prohiba desarrollar las expansiones planeadas por la minería, ya que el actual precio del cobre permite que las firmas puedan pagar hasta US$ 2,5 por m3 de agua desalada.
"Debería seguir subiendo el precio del agua entre 15% a 20% , para luego estabilizarse, pero todo depende también de los precios del cobre y de los futuros proyectos".
Polémica por los decretos de agua
Recientemente trascendió que el gobierno anularía los decretos de reservas de agua dictados en el gobierno de Bachelet, los cuales protegen cuencas como el Futaleufú o el Murta.
Weisner cree que se trata de una discusión 100% política y no jurídica y "estoy convencido de que Piñera no tiene idea. Habría que preguntarle si está de acuerdo con dejar sin efecto estos decretos que preservan esas zonas", dijo.
Desafíos y oportunidades de la primera Memoria de aplicación del Convenio 169 en Chile
El Gobierno de Chile tiene la obligación de presentar a la OIT una Memoria detallada de aplicación del Convenio 169, después de un año de ratificado el Convenio.
El plazo vence el 1 de septiembre de 2010.
La aplicación en Chile del Convenio 169 será examinada en Noviembre de 2010 por el Comité de Expertos de la OIT. Ese examen servirá para fijar la linea de base de la aplicación del Convenio y marcará la mirada del Comité respecto a Chile y la situación de los derechos de los pueblos indígenas.
Las organizaciones indígenas pueden presentar sus propios informes alternativos y hacerlos llegar a la OIT por intermedio de las organizaciones sindicales. El Comité contrastará las distintas informaciones. Por ello es importante conocer la Memoria oficial antes de su envío, sea para refutarla, sea para complementarla.
Sin embargo, a pocas semanas de vencer el plazo de presentación de la Memoria, el gobierno de S. Piñera omite toda mención al Convenio 169. ¿Cuál es el contenido de la Memoria oficial que presentará sobre la aplicación del Convenio 169?
¿Sabe el Gobierno que tiene la obligación de presentar una Memoria? ¿Está enterado de que esa Memoria debe ser dada a conocer y consultada previamente?
Por otro lado, ¿cómo podrían las organizaciones indígenas exigir el acceso al informe oficial y una consulta previa antes de su envío?
¿Qué rol pueden jugar los parlamentarios, senadores o diputados de la Comisón de DDHH?
¿Qué responsabilidades le corresponden al Consejo de CONADI?
¿Qué papel puede jugar la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y los sindicatos dirigidos por indígenas?
Y, ¿qué utilidad puede tener el examen de una "memoria" para comunidades que se defienden ante megaproyectos, o quienes reclaman sus tierras o quienes reclaman su libertad?
En suma ¿para qué sirve una Memoria del Convenio 169, y cómo incidir para hacerla efectiva?
En el siguiente texto abordamos brevemente a esas preguntas.
1.- LA OBLIGACION DE PRESENTAR MEMORIAS DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
De acuerdo al Artículo 22 de la Constitución de la OIT
“Cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite.”
Se trata de una obligación crucial. Las memorias sobre aplicación de los convenios ratificados constituyen la columna vertebral del sistema de supervisión de las normas de la OIT.
La primera memoria detallada debe ser presentada cumplidos los doce meses de la entrada en vigor del Convenio en cada Estado respectivo. En marzo de 2010 la OIT solicitó formalmente Chile la presentación de la primera memoria detallada de aplicación del Convenio 169.
2.- CONTENIDO DE LA MEMORIA DETALLADA
El estado debe presentar una memoria detallada de acuerdo a una guía aprobada por el Consejo de Administración de la OIT. En esa guía se reproducen las disposiciones sustanciales del convenio y se indican los datos sobre el mismo que debe proporcionar en Gobierno en su informe.
Hay preguntas concretas sobre disposiciones de fondo del Convenio, para facilitar el acopio de una información que permita a los órganos de control apreciar el modo en que se aplica el convenio.
Véase la Guía de preparación de memorias en el este link.
3.- ¿ QUÉ ORGANISMO GUBERNAMENTAL ESTÁ A CARGO DE PREPARAR LA MEMORIA?
En el Gobierno chileno hay al menos cuatro instancias con atribuciones respecto a esa Memoria a presentar a la OIT.
- El Ministerio Secretaria General de la Presidencia, en donde un funcionario ha sido designado como Coordinador de Asuntos Indígenas, y que en los hechos es quien diseña y dirige la política indígena gubernamental.
- La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y su Consejo Nacional, que es el organismo encargado por ley de coordinar la acción gubernamental en asuntos indígenas. La Dirección de la CONADI no recae en su director sino en su Consejo Nacional.
- El Ministerio de Planificación, del cual depende funcionalmente la CONADI.
- El Ministerio del Trabajo, el cual lleva formalmente la relación con la OIT y vela por la aplicación de los convenios de la OIT.
Sin embargo, pese a que el plazo de presentación de la primera Memoria vence el 1 de septiembre de 2010, no se sabe qué oficina gubernamental está trabajando en la preparación de la Memoria que debe presentar el estado de Chile.
4.- ACCESO AL DOCUMENTO Y CONSULTA PREVIA DE LA MEMORIA OFICIAL.
Cuatro vías para exigir.
El Gobierno chileno no ha dado a conocer el texto de la Memoria a los pueblos indígenas. Y tampoco ha sometido a consulta esa Memoria con las organizaciones sindicales.
¿Es posible acceder al informe antes de que se envie a la OIT? Si. Es una obligación del Estado, y cabe exigir su cumplimiento.
¿El gobierno debe consultar previamente el contenido de la Memoria? Si. Es su obligación.
Planteamos a continuación cuatro vías para exigir transparencia y consulta.
a) .- Acceso al documento
El acceso al documento es una obligación constitucional. La preparación de la Memoria y su presentación son actos de la administración.
Art 8 de la Constitución: “Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen”
Las organizaciones de los pueblos indígenas pueden exigir directamente al Gobierno el acceso al informe.
A su vez la Cámara de Diputados tiene facultades para fiscalizar. Asi puede solicitarse que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara oficie al Gobierno para que envíe copia de la Memoria antes de su envío.
La misma Comisión en cumoplimiento de su mandato, puede abrir el debate parlamentario, y que discutan la Memoria junto con las organizaciones indígenas, e incorporen sus observaciones al documento. Una parte de la implementación del Convenio 169 pasa por iniciativas legislativas.
b).Consulta previa de la Memoria con el Consejo de CONADI
De acuerdo a la Ley Indígena 19.253 artículos 39,41 y 42, la Memoria a presentar a la OIT sobre aplicación del Convenio 169 , debe ser presentada previamente al Consejo de CONADI.
Los consejeros indígenas de CONADI pueden y deben exigir copia anticipada del la Memoria y que esta sea debatida en una sesión pública de Consejo, y realizar sesiones regionales.
c) Aplicación directa del articulo 6 del propio Convenio 169. El Gobierno tiene la obligación de consultar antes del acto administrativo de presentación de la Memoria.
De acuerdo al propio artículo 6 del Convenio 169, la Memoria debe ser sometida a un amplio proceso de consulta previa con los pueblos indígenas.
Las organizaciones de los pueblos indígenas pueden exigir se cumpla con el deber de consultar ante un acto administrativo que les concierne, como es la preparación nada menos que del Informe acerca del grado de cumplimiento de sus derechos.
d) Obligación de cumplimiento del Convenio 144 de consultas tripartitas.
El Gobierno, además, tiene una obligación internacional de realizar consultas tripartitas de las memorias a enviar a la OIT.
Chile ratificó en 1992 el Convenio 144 de la OIT sobre consultas tripartitas para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo. El artículo 5 de ese convenio establece que:
Artículo 5 Convenio 144
1. El objeto de los procedimientos previstos en el presente Convenio será el de celebrar consultas sobre:
d) las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse a la Oficina Internacional del Trabajo en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.
Aplicando el Convenio 144 por intermedio de sindicatos, las organizaciones indígenas pueden conocer el informe, presentar observaciones y exigir que sean incluidas en el documento oficial, independientemente de que, además, se presenten informes alternativos
Cabe hacer un llamado a la Central Unitaria de Trabajadores, y a las diversas organizaciones sindicales, para que exijan el cabal cumplimiento del Convenio 144 de consultas tripartitas para el caso de la Memoria sobre el Convenio 169.
5.- INFORMES ALTERNATIVOS. EL BALANCE DE LOS PUEBLOS.
Junto con exigir transparencia y consulta previa, las organizaciones de los pueblos indígenas pueden y deben hacer llegar sus propios informes alternativos a la OIT, documentando el grado de (in) cumplimiento del Convenio 169 y el grado de (i)rrespeto de los derechos de los pueblos indígenas en Chile.
Artículo por artículo, y siguiendo rigurosamente la Guía de preparación de memorias, es posible construir colectivamente un fundado y rotundo informe que establezca la linea de base de la situación de los derechos de los pueblos indígenas.
Muchos de los asuntos que preocupan a los pueblos indígenas pueden ser abordados. A modo ilustrativo:
- Atropellos a comunidades a través de concesiones mineras y geotérmicas e hidroeléctricas inconsultas que afectan derechos de tierras y recursos. (Artículos 4, 5, 6, 14 15)
- Negación de derechos sobre las tierras ancestrales e imposición de mecanismos inadecuados para el tratamiento de los asuntos de tierras. (Artículo 14)
- Incumplimiento de derechos fundamentales al debido proceso, y aplicación discriminatoria de legislación penal (Articulo 3, 10)
- Exclusión de participación en los asuntos públicos, y falta de garantías para la participación de los pueblos indígenas en la adopción de políticas y planes nacionales, regionales y sectoriales que les incumben. (Artículos 2, 7, 33 )
-Interpretación restrictiva y antijurídica del Convenio 169 por medio del Decreto 124/2009 y de sentencias judiciales (caso Palguin) que transgreden a la Convención de Viena del derecho de los tratados. (Preámbulo, Artículos 2, 6, 7, 35)
- Proyectos de ley inconsultos y contrarios al Convenio 169 (Artículos 3, 6, 7, 15)
-Un presupuesto para políticas indígenas insuficiente y discriminatorio que solo destina un 0,3 % del Presupuesto Público y que no se corresponde con las obligaciones y posibilidades estatales.(Artículos 2, 3, 4, 7, 33)
Y así, sucesivamente, se pueden documentar asuntos de educación, salud, condiciones laborales, empobrecimiento, etc.
Son todos asuntos que ya están constatados por los órganos de Naciones Unidas de Derechos Humanos y que ahora se abordan sistemáticamente y junto con validar las reclamaciones, pasan a integrar el control de aplicación del Convenio 169.
Los informes alternativos presentados por las organizaciones indígenas pueden ser decisivos para poner a Chile en la atención del Comité de Expertos que examinará la Memoria, para que formule solicitudes directas y recomendaciones sustantivas. Y que la situación de Chile se ponga en tabla de la próxima sesión de la Comisión de Aplicación de Convenio de la OIT en 2011.
6.- CONCLUSIONES
La primera Memoria detallada de aplicación del Convenio 169 de la OIT en Chile es una obligación estatal, y al mismo es una oportunidad.
Seria un grave error que el Gobierno insista en no hacer público el documento de Memoria y no consultarlo previamente. Transgredería a la Constitución, a la ley 19.253, al Convenio 169 y al Convenio 144 de la OIT. En suma, seria una gratuita demostración de irrespeto del derecho nacional e internacional. La señal a los pueblos indígenas sería elocuente, no solo respecto a sus derechos sino respecto a la valía del estado de derecho.
Es tiempo ya que los actuales responsables de la política indígena asuman que el Convenio 169 forma parte del ordenamiento jurídico de Chile. Y que el cumplimiento cabal del mismo, no solo es una obligación, sino ante todo una oportunidad para la paz social, el diálogo constructivo y la democracia en un país plural.
El examen de la primera Memoria de Chile debe ser tomado como una oportunidad para el Gobierno y los pueblos indígenas. Por un lado, será el balance de las deudas de la transición chilena para con los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado las observaciones a la luz del Convenio 169 en medio de un amplio debate público contribuirá a identificar una agenda de implementación de derechos y su acordar su cumplimiento. La elaboración de informes alternativos puede convertirse en un hecho político y un aprendizaje colectivo.
Tal como se izaron las banderas celebrando la entrada en vigor del Convenio 169, es tiempo de desplegar las banderas de los derechos.
domingo, 11 de julio de 2010
La historia oculta del Tratado Minero de Pascua-Lama
Trasnacionales mineras explotan la cordillera de Los Andes
Copenda
Promulgado hace casi nueve años, el Tratado Minero entre Chile y Argentina fue el instrumento que construyeron las trasnacionales mineras para explotar la Cordillera de Los Andes. Tuvieron el respaldo de gobiernos y parlamentos de ambos países. Sin embargo, gran parte de lo que persiguen sus promotores no se ha concretado: Un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional de Chile, y su posterior dictamen, acabó por diluirlo.
A pesar de su trascendencia, esta historia ha permanecido oculta… hasta ahora.
El Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, promulgado el 20 de diciembre de 2000, aportó el marco legal en el que se inserta el proyecto aurífero Pascua Lama y muchos otros que se quieren construir en las altas cumbres de Los Andes.
Según sostiene el economista chileno, Julián Alcayaga, en su libro "El País Virtual: El lado oculto del Tratado Minero Chileno-Argentino", las corporaciones que promovieron este acuerdo buscaban tres objetivos fundamentales.
Primero, que los minerales argentinos pudieran salir a través de puertos chilenos, dado que la distancia existente entre los yacimientos cordilleranos y el Atlántico hacía inviable sacarlos por ahí. También perseguían transformar la Cordillera de Los Andes en un “país virtual”, definida en el Tratado como “Área de Operaciones”, la que -a su entender- estaría al servicio de las transnacionales mineras. El tercer objetivo era levantar las restricciones a la propiedad extranjera en zonas limítrofes.
El Ciudadano da a conocer -con autorización del autor y en exclusiva para Chile-, aspectos relevantes de este libro recién concluido e inédito, que evidencian los detalles ocultos de la gestación de este Tratado, así como sus objetivos y el por qué de su fracaso parcial. Génesis de un Tratado expoliatorio.
“Hacia 1989, en Argentina existían sólo cuatro empresas mineras extranjeras. Pero al año siguiente, coincidiendo con el llamado restablecimiento de la democracia en Chile, las multinacionales mineras comenzaron a comprar casi la totalidad de los yacimientos en ese país, que en ese tiempo tenían un bajo valor comercial, ya que no era rentable sacar esos minerales por los puertos del Atlántico, a más de mil kilómetros de distancia”, dice Alcayaga en El País Virtual.
Y añade: “Pese a esta dificultad, las transnacionales empezaron a adquirir las minas, con la seguridad que en un futuro cercano podrían exportar los minerales de Chile. Así, en 1993, cuando la casi totalidad de los yacimientos argentinos habían pasado a manos de las mineras extranjeras, éstas se propusieron crear un tratado entre ambos países que les diera las más amplias facilidades para sacar el cobre trasandino por el Pacífico”.
A partir de 1994 se constituyeron comisiones binacionales sobre el tema minero con composición pública-privada. Esta voluntad de trabajo conjunto se plasmó en la Declaración Presidencial de Olivos, suscrita el 26 de abril de 1996, y que contó con el impulso del entonces presidente Menem, además de ministros y parlamentarios de ambos países, y destacados empresarios. Eran las bases del Tratado Minero.
El 29 de diciembre de 1997, en Antofagasta y San Juan, los presidentes Eduardo Frei y Carlos Saúl Menem, firmaban el acuerdo. Su ratificación quedaba en manos de ambos parlamentos nacionales, los que podrían aprobar o rechazar, pero no modificar lo establecido por los mandatarios. El Tratado suponía la creación de un Área de Operaciones de 340.835 km2. De esta superficie, 180.165 km2 serían aportados por Chile -lo que representa el 25% de su territorio- y Argentina sumaría 160.670 km2 (6% de su suelo). El pacto contemplaba que este territorio sería gobernado por una Comisión Administradora -poder ejecutivo- que estaría financiada por corporaciones mineras. Existiría un Reglamento Interno -una suerte de Constitución- que ella misma generaría. La Comisión Administradora tendría atribuciones para disponer libremente de los recursos naturales contenidos en el Área de Operaciones. También podría otorgar concesiones de explotación y resolver las controversias que se presentasen entre “las partes”, es decir: Los Estados.
Otro aspecto muy relevante de este acuerdo es que permitía la constitución de servidumbres mineras en Chile para yacimientos ubicados en Argentina, y viceversa. Esto significa que los tribunales chilenos quedaban facultados -casi obligados- para otorgar permisos de construcción de caminos y mineroductos en favor de minas ubicadas en Argentina. A propósito de la radical renuncia que este convenio suponía a la soberanía de los países involucrados, Alcayaga se pregunta en El País Virtual: “¿Quiénes fueron los juristas que redactaron esas páginas?” La respuesta la obtendría a mediados del año 2000, en una cena en el restaurante La Maison de France. Esta cita fue solicitada por Barrick al senador Jorge Lavandero, que entonces era presidente de la Comisión de Minería del Senado. Además era el máximo opositor en Chile al acuerdo. Asistieron los ejecutivos de Barrick, Sergio Jarpa y José Antonio Urrutia. También el destacado político democratacristiano Marcelo Trivelli y Pilar Velasco, quienes cabildeaban en favor de la transnacional por medio de la empresa de comunicaciones Extend. Lavandero asistió acompañado de Carlos Tomic, Hugo Latorre y Alcayaga.
“Poco a poco fuimos entrando en el tema central -relata Alcayaga en su libro-, que era el Tratado Minero. En un momento de la discusión, al defender la importancia del convenio, Urrutia - quizás por inadvertencia o entusiasm-, afirmó que fue Barrick Gold la que elaboró el Tratado Minero entre Chile y Argentina”. Lavandero y sus asesores se retiraron indignados luego de recibir esta información.
Barrick Gold buscaba con desesperación que Lavandero desistiera de su férrea oposición, lo que no consiguió. Si se aprobaba el Tratado, la empresa obtendría beneficios formidables: era propietaria de varios yacimientos en la Cordillera argentina, además de Pascua Lama que está ubicada sobre la frontera. Para explotarlos necesitaba que se levantaran las restricciones a la propiedad de extranjeros en ambos lados de la cordillera chileno-argentina.
En el debate que hubo en el Senado se hizo evidente otro de los objetivos de este acuerdo que había pasado inadvertido. “En un instante, el senador Gabriel Valdés, solicitó una explicación de por qué se incluyó el sur de Chile en el Área de Operaciones del Tratado, si en esa zona no existen yacimientos mineros”. Aunque estaban presentes en la sesión el ex presidente Frei Ruiz-Tagle e importantes autoridades de Cancillería y Minería: nadie supo que decir. En entrevista con El Ciudadano, Alcayaga dijo que el hecho de incluir el sur de ambos países -que contienen una de las mayores reservas de agua dulce del mundo-, “demuestra que con este tratado, las transnacionales buscaban tener el control total de la cordillera chilena-argentina”.
Debate express
En la Cámara de Diputados no se realizó un debate serio. “Parecía que el objetivo era la aprobación inmediata, saltándose trámites esenciales para una adecuada aprobación de esta Ley, como desestimar que pasara por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, trámite obligatorio, según la Ley Orgánica del Congreso Nacional, cuando un proyecto de ley contempla gastos en su aplicación”, como sostiene el citado libro. Y agrega: “Existiendo un acuerdo en la Comisión de Relaciones Exteriores y de Minería de votarlo fundadamente, finalmente se aprobó de modo económico en apenas… ¡cinco minutos! (…) Para evitar su estudio por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo argumentó que la implementación del Tratado no implicaba gastos, lo que no era verdad y constituye uno de los defectos más relevantes de la Ley aprobatoria del Tratado”.
En lo poco que se alcanzó a discutir, sobresalió la decidida defensa que hizo del Tratado el diputado del PPD, Antonio Leal, dibujó un panorama prometedor para el norte chileno en caso de suscribirse este acuerdo. Ninguno de sus presagios se ha cumplido.
El 8 de agosto de 2000 los diputados aprobaron este acuerdo. Sólo dos parlamentarios, de los 120 que componen la Cámara Baja, votaron en contra: Jaime Mulet y María Rozas.
El Senado, para el análisis del Tratado, dispuso de una Comisión Unida de Minería y Relaciones Exteriores, que fue presidida en forma conjunta por los senadores Sergio Romero y Jorge Lavandero.
Al calor de la discusión, la mayor parte de los senadores tomó conciencia de que el Tratado Minero afectaría los intereses económicos nacionales, por el aumento de la oferta de cobre que supondría y la consiguiente baja de precio que esto ocasionaría. Se hacía evidente que las únicas beneficiadas serían las grandes mineras a las que no les importa que el precio del cobre baje porque, aunque productoras del mineral, son también consumidoras del mismo, como sucede con Mitsubishi, Billiton y Xstrata. Esos conglomerados no sólo extraen el cobre, sino que también lo funden, refinan y elaboran.
En el reportaje firmado por Magdalena Ossandón: Tratado Minero abre el Pacífico a minería argentina, aparecido en El Mercurio el 1 de noviembre de 1998, se afirmaba: “…la mina argentina Pachón, sin salida por Chile, vale 25 millones de dólares. Ese fue el precio que pagaron los canadienses que la compraron a los argentinos. Con salida por el Pacífico sube a 600 millones de dólares. Si tanto vale el pase, ¿no convendrá a Chile cobrar la cuenta justa?”.
Si los grandes beneficiados serían las transnacionales, los perjudicados serían, entre otros, los 80.000 pequeños mineros que hay en Chile, para los que los bajos precios resultan insostenibles. Con la mediana minería ocurre algo similar.
Los argumentos en favor de la conveniencia para Chile del Tratado, que se daban en el Parlamento chileno, eran muy débiles y se relacionaban con la eventual gestación de nuevos empleos -en la construcción y operación de las minas-, y el supuesto dinamismo que adquiriría la economía chilena (en transportes, insumos y servicios) gracias a los nuevos emprendimientos mineros.
En el Parlamento la mayor promotora del Tratado fue la ex Cancillera, Soledad Alvear. Según afirmó el ex senador Lavandero, ella recorrió las oficinas de los senadores intentando conseguir su apoyo a la iniciativa. En el Informe de la Comisión Unida, boletín 2408-10, del 6 de octubre 1999, de la Cámara de Diputados, el abogado de SONAMI, Cristián Letelier Aguilar, afirma que “este Tratado presenta características de tal peculiaridad que constituye la única obra de Derecho Internacional Público que contiene normas de aplicación enteramente de interés empresarial y privado”.
Un informe de Joaquín Vial, director de Presupuesto del Gobierno de Frei, sostenía que el acuerdo minero derivaría en pérdidas para Chile de varios cientos de millones de dólares como resultado de la previsible sobreproducción. Los sucesivos gobiernos de Chile, se guardaron este y otros informes, como el del constitucionalista Jorge Ovalle, que mostraban los perjuicios, debilidades e inconstitucionalidades que suponía la aprobación del Tratado Minero.
El Fallo
El 29 de agosto de 2000 -pocas horas antes de que el Senado aprobara el Tratado que suponía la privatización de la cordillera en beneficio de las transnacionales-, 13 senadores chilenos presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Estos fueron: Evelyn Matthei, Jorge Lavandero, Fernando Cordero, Julio Canessa, Jorge Martínez, Ramón Vega, Enrique Zurita, Antonio Horvath, Rodolfo Stange, Beltrán Urenda, Jovino Novoa, Marco Cariola y Mario Ríos.
En dictamen de respuesta, fechado el 3 de octubre de aquel año, el Tribunal Constitucional (TC), no declaró inconstitucional el Tratado pero en sus considerandos, limitó fuertemente su alcance: “El dictamen establecía que los tribunales chilenos quedaban impedidos de otorgar servidumbres mineras a yacimientos argentinos y, tal vez más relevante que eso, la Comisión Administradora del Tratado ya no tendría facultades jurisdiccionales, quitándole el carácter de “país virtual” al Área de Operaciones del Tratado. Es decir, a pesar de que se rechazaba la inconstitucionalidad en la forma y en el fondo, habíamos logrado gran parte de nuestros objetivos”, señaló Alcayaga.
La prohibición a los tribunales chilenos de otorgar servidumbres era particularmente grave para las grandes mineras: Si un mineral ubicado en Argentina, como es Pachón, quiere obtenerlas para construir un mineroducto al mar, deberá tratar directamente con los propietarios de los terrenos afectados. Estos podrán cobrar lo que quieran por permitir la servidumbre. Si alguien se opone: no habrá paso de los minerales. Esta sola disposición ha implicado que ninguno de los cerca de diez megaproyectos mineros que se pretendían explotar en la cordillera argentina a partir de 2000 haya comenzado a operar. La construcción de El Pachón estaba contemplada para el segundo semestre de 1998. Sólo esta mina produciría, en sus inicios, 180.000 toneladas anuales de cobre, lo que constituye el 1% de la producción mundial de este mineral. El requerimiento y posterior fallo del TC arruinó sus planes.
El dictamen del Tribunal Constitucional confirmó que el Tratado contiene materias propias de una ley orgánica constitucional y debía ser tramitado y votado con el porcentaje de votación de ese tipo de normativas. “Pero dio por saneado el procedimiento, al afirmar que gracias al elevado quórum con que se aprobó el Tratado en el Congreso Nacional (sólo dos votos en contra en la Cámara Baja, y siete en el Senado), se depuraba el vicio de procedimiento”.
A entender de Alcayaga, la discusión del Tratado tuvo efectos favorables e impensados para Chile. Dice que después que los presidentes de los dos países firmaran el Tratado Minero (1997), la inversión del rubro para este lado de la Cordillera descendió drásticamente. Esto se debió a que los inversionistas estimaron que era mucho mejor trasladarse a Argentina, donde existen enormes yacimientos que luego del Tratado podrían comenzar a ser explotados por Chile. Además, bajo el mandato de Menem (1989-99) se estableció un marco jurídico en extremo favorable para las transnacionales de la minería.
“Ese veranito de San Juan de tres años de caída de la inversión minera en Chile (entre 1998 y 2000) y la no materialización de la inversión proyectada en Argentina, fue a la postre fundamental para que disminuyera la producción chilena de cobre y comenzara a declinar la sobreproducción mundial de este mineral generada por la abultada inversión del área en Chile. Pero ello no hubiera tenido ningún efecto si el Tribunal Constitucional chileno no hubiera impedido definitivamente que se materializaran los cuantiosos proyectos programados para la minería del cobre en Argentina”, sostiene Alcayaga.
Fruto de esta menor inversión de tres años y del estancamiento posterior en el aumento de la oferta, el precio actual del cobre -2,2 dólares la libra- es casi cuatro veces mayor que el de hace diez años.
Cabe destacar que Chile, que es el primer productor mundial de cobre, aumentó vertiginosamente su producción de este mineral a partir de la llegada de los gobiernos de la Concertación. De las 1,6 millones de toneladas que se producían en 1989 pasó a 4,6 millones en el 2000. Sin embargo, este aumento no implicó mayores ganancias, sino todo lo contrario. Con la sobreproducción, el mineral chileno saturó los mercados presionando su precio a la baja: su valor disminuyó a la mitad en los 90’. En 1999, con una producción tres veces mayor a la de diez años antes, el país recibía ocho veces menos ingresos netos.
Hay un aspecto del Tratado Minero que no fue tocado por el fallo del Tribunal Constitucional: El que permite a extranjeros explotar minas fronterizas. Por eso, Pascua Lama es aún posible. De todas maneras, Barrick no la tiene fácil. Alcayaga lo explica así: “Después de que el dictamen del TC declarase que la Comisión Administradora no tenía potestades de autotutela ni jurisdiccionales, está impedida de administrar fondos privados para financiar al Estado.
Ante esta inesperada consecuencia del dictamen, el Gobierno (de Lagos) tardó más de dos años para encontrar una solución ‘legal’ a la forma en que los inversionistas (Barrick) podrían financiar los gastos del Estado chileno en los negocios mineros transfronterizos. Esta solución fue la publicación, recién el 9 de febrero de 2003, del Decreto Supremo Nº 116 del Ministerio de Minería”. Mediante esta disposición, se permite que Barrick y otras transnacionales mineras que se acojan al Tratado, paguen directamente a las instituciones involucradas en fiscalizarlas: O sea, Carabineros, el SAG, Aduanas, entre otras.
A entender de Alcayaga, esto infringe el numeral 20 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que establece: “Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado”. Al margen de esta inconstitucionalidad, el autor de País Virtual expresa que sería “impresentable” que en Chile los fiscalizados comenzaran a pagar los gastos de sus fiscalizadores.
En trámite posible fin de Pascua Lama
El Comando de Defensa del Valle del Huasco, y otras organizaciones, presentaron una Acción Constitucional de Nulidad de Derecho Público del Decreto Supremo 116, que tiene el rol Nº 4670-2008 en el 9º Juzgado Civil de Santiago. Esta se encuentra en etapa de la prueba. Si prosperara, sería el fin de Pascua Lama.
El dictamen del Tribunal Constitucional chileno Su alcance jurídico será diferente en un país que en otro, como si existieran dos tratados en uno. Esto se debe a que como en Argentina no se cuestionó la constitucionalidad de este Tratado, la Comisión Administradora cuenta allí con todas las atribuciones que le entrega el Tratado Minero. Sin embargo, en virtud del Dictamen del Tribunal Constitucional chileno, las más importantes de esas atribuciones no tienen aplicación en Chile.
El autor del libro
Alcayaga pertenece a una familia de pirquineros. Socialista desde adolescente, tras el golpe militar de 1973 fue detenido, torturado y condenado a 10 años de cárcel. En septiembre de 1976, se le conmutó la prisión por extrañamiento.
En la Unión Soviética estudió Economía (Universidad Patricio Lumumba). Más tarde, en París, haría estudios de postgrado en La Sorbona. En 1993, cuando ya llevaba casi una década de retornado a Chile, pudo establecer que las transnacionales mineras que operan en Chile no pagan impuestos. En el Libro negro del metal rojo (1999) describió los mecanismos usados con este propósito así como el papel que han jugado los gobiernos de Chile, desde el 11 de septiembre de 1973, para facilitar esta tarea.
Cómo se gestó el requerimiento
Alcayaga cuenta en su libro como fue que se gestó su decisión de impulsar un requerimiento por inconstitucionalidad del Tratado Minero. Dice que en la última sesión de la Comisión Unida -realizada el 4 de julio de 2000-, el senador Augusto Parra, al fundamentar su voto favorable al Tratado dijo: “Se han levantado varias cuestiones de constitucionalidad, de las cuales las que más fuerza le han hecho son algunas de las planteadas por el economista, señor Julián Alcayaga, pero, después de analizarlas detenidamente, se ha llegado a la conclusión de que carecen de elementos suficientes”. Esto aparece en la página 182, del Informe de la citada Comisión.
A pesar de algunas críticas, como las expresadas por los senadores Gabriel Valdez y Jaime Gazmuri, todos los senadores de la Concertación, salvo Jorge Lavandero, votaron en la Comisión Unida en favor del Tratado. El otro voto en contra que hubo en la citada Comisión lo aportó el almirante en retiro Jorge Martínez Busch. La opinión de Parra, más el voto del Almirante, alimentó las convicciones del pirquinero. “Por esta razón, tan pronto terminó esta última sesión (…) me acerqué al senador Martínez Busch para tantear la posibilidad que apoyara (…) un requerimiento en contra del Tratado. Se mostró de acuerdo en vista del peligro que el Tratado involucraba para la soberanía nacional, y quedamos en reunirnos al día siguiente para comenzar a prepararlo. Llegué con un borrador del recurso (…) A partir de ese día, y hasta el 29 de agosto nos juntábamos al menos dos o tres veces por semana para discutir los avances del requerimiento y conseguir las firmas de sus colegas senadores. Al mismo tiempo, las conversaciones del senador Jorge Lavandero con los senadores institucionales se hicieron más frecuentes y cordiales”. En la redacción y corrección del requerimiento colaboraron con el economista los abogados Pedro Foncea Navarro, Juan Subercaseaux, Francisco Corona y Julio Stuardo González.
Conseguir las doce firmas de senadores necesarias para validar este requerimiento era lo más importante. Alcayaga dice que el mayor mérito en este sentido lo tuvo Martínez y el también senador designado Fernando Cordero. Lavandero, por su parte, aunque intentaba, no lograba conseguir ninguna firma.
Alcayaga, en su afán por conseguir las rúbricas, tuvo que acudir a la casa de Augusto Pinochet. El senador Martínez así se lo solicitó puesto que un importante grupo de senadores se reunirían allí para saludar al malogrado tirano. Casi la mitad de las firmas del requerimiento se suscribieron allí. En las conclusiones de su libro, su autor sostiene que la experiencia con el Tratado Minero le dejó algunos aprendizajes. El primero es que, por más difícil que parezca una lucha: “nunca se deben bajar los brazos”. “La segunda lección -dice Julián- es que se pueden dejar de lado los prejuicios que pueden existir entre mundos o grupos opuestos, como los militantes de izquierda y el mundo militar, para lograr un objetivo común, en este caso parar el Tratado Minero, aunque las motivaciones para conseguirlo hayan sido muy diversas para cada grupo. Con apertura de espíritu se pudo lograr el objetivo común, aunque en un comienzo el sólo hecho de conversar era un desafío”.
Fuente: http://www.argenpress.info/2010/07/trasnacionales-mineras-explotan-la.html
CONVOCATORIA ENCUENTRO BINACIONAL CHILE-ARGENTINA 14 Y 15 DE JULIO DE 2010 VALLE DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA CHILE
CONVOCATORIA
Encuentro binacional Chile-Argentina
14 y 15 de julio de 2010
Valle del Huasco, Región de Atacama Chile
La expansión de la minería encuentra hoy su culmine en los territorios de fronteras, constituyéndose como el último obstáculo que tenían las empresas mineras transnacionales: los estados.
El modelo experimental desarrollado en Chile y Argentina a través del Tratado Minero Binacional, encuentra hoy el inicio de su aplicación con la construcción del proyecto Pascua Lama, pero además experimenta la replicación del modelo en otras fronteras latinoamericanas. Un grupo de organizaciones y comunidades de diferentes países de América latina, agrupados en el Observatorio Latinoamericano de Conflicto Mineros - OCMAL, preocupados por esta situación han iniciado la coordinación entre las comunidades afectadas o sujetas a este tipo de emprendimientos mineros.
Es así como nacen los encuentros binacionales de Minería Transfronteriza en los territorios limítrofes de Perú-Ecuador, Bolivia – Brasil y Chile-Argentina, espacio al que queremos invitarlos e invitarlas.
Creemos necesario analizar la situación que enfrentan nuestras comunidades con la minería de frontera, queremos trabajar en conjunto, aunar fuerzas y compartir las experiencias de lucha que hemos dado en años de resistencia.
Es por esto, que queremos abrir la discusión en las distintas organizaciones que sufren las consecuencias de este modelo expansivo con el sentido de fortalecer a las organizaciones Chilenas y Argentinas y su coordinación, aumentando así las redes de apoyo y propiciando un diálogo abierto y horizontal, discutiendo los alcances de la “resistencia comunitaria”, para, a su vez, contribuir y solidarizar con las comunidades y territorios que hoy se ven enfrentados a esta problemática: la minería de frontera.
Convocan:
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA * Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros OCMAL * Fundación Cullunche – Argentina * Consejo de Defensa del Valle del Huasco * Coordinadora contra Pascua Lama Santiago * Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social – RAJAS * Pastoral Salvaguarda de la Creación – Alto del Carmen * Asamblea Sanjuanina contra la contaminación y el saqueo - Argentina
Programa Tentativo
Miércoles 14 – Panel: “Los Andes sin Minería de Frontera”, 18:00, Salón Auditórium Centro comunitario Vallenar (Erasmo Escala/Merced)
Jueves 15 - Taller Binacional de Minería transfronteriza
Viernes 16 - Participación en Fiesta Tradicional Religiosa de la Virgen del Carmen e Intercambio entre comunidades de Alto del Carmen (Valle del Huasco) y de Argentina
Sábado 17 - Intercambio entre comunidades de Alto del Carmen (Valle del Huasco) y de Argentina
EL AGUA NO ES DE LOS CHILENOS
En Arica se llevo a efecto el primer congreso del medio ambiente, donde claramente quedo en evidencia nuestra vulnerabilidad, envie esta misma informacion a "Patagonia sin represas", yo creo que Chile entero nos debemos levantar en una sola voz, CESCO esta en todas las regiones y se puede articular acciones en conjunto, no podemos continuar tan solo observando como nos estan ABUSANDO, no tenemos soberania ...pero claro ..pagamos por el agua que consumimos y los recaudos son de empresas extranjeras EL AGUA NO ES DE LOS CHILENOS y hablamos de "democracia"
Heraclia
Heraclia
Cesco organiza en Arica el primer congreso internacional del medio ambiente
Entre el 9 y 10 de julio, con la participación de especialistas de Perú, Bolivia y Chile en temas de justicia ambiental para contaminados por polimetales, vacíos legales, entre otros.Katerina Kliwadenko
Entre el viernes 9 y sábado 10 de julio, con la presencia de especialistas de Perú, Bolivia y Chile, se realizará en nuestra ciudad el Primer Congreso Internacional del Medio Ambiente organizado por el Consejo Económico, Social y Comunal (Cesco) y la Municipalidad de Arica.
El encuentro tiene la finalidad de reflexionar y debatir en temas como legislación y combate a delitos del medio ambiente, justicia ambiental para contaminados por polimetales, vacíos legales, cuidado del suelo y del aire, la calidad del agua, forestación, entre otros relacionados con la conservación de la naturaleza.
El alcalde Waldo Sankánseñaló que “la realización del congreso constituye la revalidación de nuestro compromiso con la preservación y defensa del medio ambiente. Además, con la promoción de una conciencia ecológica en la comunidad, potenciando políticas queposibiliten el desarrollo mediante el aprovechamiento de los recursos naturales, pero sin producir daños”.
TRASCENDENCIA
Agregó que la “municipalidad ha fortalecido su labor y ha afianzado alianzas con distintas entidades, con la finalidad de garantizar la sana convivencia vecinal, en aras del progreso sustentable y la construcción de poblaciones amigables y acogedoras”.
El edil destacó la participación de connotados expertos de Santiago, Perú y Bolivia, que aceptaron compartir sus conocimientos en este trascendental certamen organizado por el Cesco.
Sankán, también, resaltó y felicitó en forma especial a los integrantes del Cesco por esta iniciativa y “por asumir un importante desafío que los convierte en protagonistas en temas que están en la agenda nacional y queen Arica son bastante sensibles por los problemas históricos de contaminación por polimetales”.
EXPOSITORES
Los dirigentes del Cesco consideran que es relevante el debate y el intercambio de experiencias que se darán en el marco del congreso, de donde confían que saldrán ponencias que van a enriquecerlos conocimientos en esta materia.
Los organizadores destacaron la participación de expositores de amplia trayectoria como los chilenos Fernando Dougnac, que abordará el tema de Justicia Ambiental para Contaminados por Polimetales; Sara Larraín que tratará sobre Recursos Hídricos; Sandra Ugarte expondrá acerca de la Fitorremediación de Suelos y Guillermo Satt se referirá a Ecoturismo Borde Costero, además de un representante de la Brigada de Delitos Contra el Medioambiente de la PDI que se ocupará sobre los Vacíos Legales.
También, han confirmado su presencia la profesional Jenny Pérez de Bolivia, que tratará sobre Cosmovisión Andina y Medio Ambiente y el peruano Giovanni Hernández, que hablará acerca de Estrategias para la Agricultura en el Desierto.
Los organizadores afirman que los asistentes podrán participar en rondas de preguntas. Asimismo, se formarán comisiones de polimetales, agua, Dakar y patrimonio, borde costero, minería, cosmovisón andina y estrategias para la agricultura en el desierto.
OBJETIVOS>
Con la organización del Primer Congreso Internacional del Medio Ambiente, el Cesco, como instancia de participación social, pretende cumplir con su rol de órgano consultivo de la municipalidad.
Esta iniciativa se orienta a incentivar el acceso de la ciudadanía a las decisiones públicas en Arica, con la finalidad de promover una mejor calidad de vida a través de la defensa y la preservación del medio ambiente.
El Cescoes un órgano asesor y consultor de la Municipalidad, cuyo funcionamiento se enmarca dentro de la participación ciudadana, creado según la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Lo preside el jefe comunal y sus integrantes pertenecen a organizaciones territoriales, funcionales, productivas, gremiales, sindicales, sociales, deportivas, culturales, entre otras.
El encuentro tiene la finalidad de reflexionar y debatir en temas como legislación y combate a delitos del medio ambiente, justicia ambiental para contaminados por polimetales, vacíos legales, cuidado del suelo y del aire, la calidad del agua, forestación, entre otros relacionados con la conservación de la naturaleza.
El alcalde Waldo Sankánseñaló que “la realización del congreso constituye la revalidación de nuestro compromiso con la preservación y defensa del medio ambiente. Además, con la promoción de una conciencia ecológica en la comunidad, potenciando políticas queposibiliten el desarrollo mediante el aprovechamiento de los recursos naturales, pero sin producir daños”.
TRASCENDENCIA
Agregó que la “municipalidad ha fortalecido su labor y ha afianzado alianzas con distintas entidades, con la finalidad de garantizar la sana convivencia vecinal, en aras del progreso sustentable y la construcción de poblaciones amigables y acogedoras”.
El edil destacó la participación de connotados expertos de Santiago, Perú y Bolivia, que aceptaron compartir sus conocimientos en este trascendental certamen organizado por el Cesco.
Sankán, también, resaltó y felicitó en forma especial a los integrantes del Cesco por esta iniciativa y “por asumir un importante desafío que los convierte en protagonistas en temas que están en la agenda nacional y queen Arica son bastante sensibles por los problemas históricos de contaminación por polimetales”.
EXPOSITORES
Los dirigentes del Cesco consideran que es relevante el debate y el intercambio de experiencias que se darán en el marco del congreso, de donde confían que saldrán ponencias que van a enriquecerlos conocimientos en esta materia.
Los organizadores destacaron la participación de expositores de amplia trayectoria como los chilenos Fernando Dougnac, que abordará el tema de Justicia Ambiental para Contaminados por Polimetales; Sara Larraín que tratará sobre Recursos Hídricos; Sandra Ugarte expondrá acerca de la Fitorremediación de Suelos y Guillermo Satt se referirá a Ecoturismo Borde Costero, además de un representante de la Brigada de Delitos Contra el Medioambiente de la PDI que se ocupará sobre los Vacíos Legales.
También, han confirmado su presencia la profesional Jenny Pérez de Bolivia, que tratará sobre Cosmovisión Andina y Medio Ambiente y el peruano Giovanni Hernández, que hablará acerca de Estrategias para la Agricultura en el Desierto.
Los organizadores afirman que los asistentes podrán participar en rondas de preguntas. Asimismo, se formarán comisiones de polimetales, agua, Dakar y patrimonio, borde costero, minería, cosmovisón andina y estrategias para la agricultura en el desierto.
OBJETIVOS>
Con la organización del Primer Congreso Internacional del Medio Ambiente, el Cesco, como instancia de participación social, pretende cumplir con su rol de órgano consultivo de la municipalidad.
Esta iniciativa se orienta a incentivar el acceso de la ciudadanía a las decisiones públicas en Arica, con la finalidad de promover una mejor calidad de vida a través de la defensa y la preservación del medio ambiente.
El Cescoes un órgano asesor y consultor de la Municipalidad, cuyo funcionamiento se enmarca dentro de la participación ciudadana, creado según la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Lo preside el jefe comunal y sus integrantes pertenecen a organizaciones territoriales, funcionales, productivas, gremiales, sindicales, sociales, deportivas, culturales, entre otras.
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