Para entender la actual polémica sobre la minería en la Región de Arica y Parinacota hay que preguntarse por qué existe interés de empresas mineras por explorar en el altiplano. Por Tomás Bradanovic
Esta situación se da específicamente en las áreas protegidas del Parque Nacional Lauca y reservas naturales como Las Vicuñas.
La pregunta del millón es ¿por qué el interés en áreas protegidas? siendo que existen reservas de cobre comprobadas en el desierto cercano de Pampa Camarones y Quebrada de Chaca, donde podrían ponerse a explotar ahora mismo si quisieran. Si las reservas de Chaca y Camarones son insuficientes, entonces toda la teoría de "la inmensa veta que va desde Calama hasta el Sur del Perú" sería un mito y no tendría sentido explorar en áreas protegidas por tratados internacionales, donde los costos de cumplir con las normativas ambientales serán altísimos.
Mi teoría es que probablemente no es la riqueza del mineral lo que les importa, sino los derechos de agua. Si bien la minería consume menos agua que la agricultura, el hecho de disponer de napas en el terreno les baja los costos de manera notable y hace factible la explotación de minerales aún de baja ley. Es decir, no andan detrás del mineral, que existe en todo el desierto, sino que del agua.
Leo que en Iquique, Doña Ines de Collahuasi extrae alrededor de 1 millón de litros de agua por día desde los acuíferos subterraneos de la Laguna del Huasco, esos acuíferos son los que les permiten funcionar no solo a esa empresa sino a las demás cupríferas como Cerro Colorado y Sagasca que van disecando aceleradamente los bofedales circundantes.
Probablemente lo que les interesa no es el mineral sino el agua: barata, pura y localmente disponible. Con los ejércitos de abogados y la generosa legislación sobre derechos de agua no es raro que al desafectarse la zona se desate una carrera frenética por inscribir estos derechos.
Desde hace años algunos grupos de interés vienen colocando la idea que la minería es la solución para los problemas de la región, pero no en el desierto, sino en las áreas protegidas. De algún modo estos grupos consiguieron convencer al Presidente Piñera que anunció la desafectación, con lo que al Gobierno Regional no le quedó otra que cuadrarse detrás de la idea. Sin embargo una gran cantidad de ariqueños no compramos el cuento, por razones lógicas e históricas.
Las razones lógicas son conocidas: la generación de empleos no será significativa porque se trata de puestos de trabajo muy especializados, atraerá mucha gente de otros lugares a vivir en la ciudad presionando la sustentabilidad y deteriorando la calidad de vida, presionará sobre el recurso hídrico siempre escaso y producirá daño ambiental y mala prensa para el turismo, que es la principal fuente de ingresos de la ciudad en la actualidad. Hay muchas más, pero esas son las razones más notorias y evidentes.
Pero también hay razones históricas muy potentes que hacen que los ariqueños pensantes sintamos repulsión hacia el desarrollo minero. Y esto tiene que ver con el oscuro episodio de Promel y el manejo histórico de los metales provenientes desde Bolivia, que han causado tragedias de salud pública con resultados brutales sobre la vida y salud de las personas humildes. El hecho que los culpables de estos asesinatos en cámara lenta -privados y funcionarios públicos- vivan y prosperen alegremente entre nosotros nos hace pensar que todo esto perfectamente podría repetirse.
Y no sería raro que se repita pese a todos los floridos discursos sobre sustentabilidad y minería "limpia". Conozco a mi gente y se que en Arica tenemos la peor combinación de una opinión pública apática y élites increíblemente deshonestas. La historia de escándalos que han quedado impunes en nuestra ciudad es larguísima y transversal, eso lo sabemos todos. Mejor que no les demos más oportunidades, ya está bueno.
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